En Colombia hay 1,7 millones de migrantes venezolanos con vocación de permanencia, y más del 56% están en condición irregular. | Por: CÉSAR GARCÍA
El programa Conectando Caminos por los Derechos, financiado por USAID, en alianza con la Fundación Un Solo Pueblo, brinda asistencia para la regularización y servicios a migrantes venezolanos y colombianos retornados.
Aunque selló su pasaporte en un punto de control migratorio cuando ingresó a Colombia, la venezolana Leidy Troconis llevaba tres años limpiando vidrios de carros y viviendo con sus tres hijos adolescentes en una habitación de 'pagadiario' en Cartagena.
Aunque a menudo alcanzaba a reunir el dinero suficiente para pagar una vivienda más digna, no sabía cómo regularizar su estatus migratorio, ni como acceder a documentos que le permitieran mejorar la calidad de vida de su familia. Ni sus hijos ni ella tenían acceso a salud o a educación. Por temor a ser deportada, Leidy evitó acudir a las entidades del Gobierno para consultar la posibilidad de regularizar su estadía en Colombia.
Ella hace parte de los 1, 7 millones de migrantes venezolanos que, según Migración Colombia, están radicados actualmente en el país. De estos, 51.000 se encuentran asentados en Cartagena. Durante tres años esta venezolana también hizo parte del 56% de los migrantes que se encuentran en situación irregular.
Gracias al programa Conectando Caminos por los Derechos, de la organización Pact —financiado por USAID y en alianza con la organización de migrantes Un Solo Pueblo— Leidy Troconis recibió orientación y asistencia para la regularización y el acceso a derechos y servicios. Esa entidad les ayuda a migrantes venezolanos y colombianos retornados en Cartagena.
Así, mediante talleres, el programa ha logrado reducir la brecha de desinformación, identificada como una de las causales del alto porcentaje de migrantes en situación irregular. Los talleres se complementan con asistencia individual, en la que se evalúa la documentación de la persona y se inicia el trámite indicado, que desde el pasado 5 de mayo consiste, básivcamente, en el ingreso al Registro Único de Migrantes (RUMV), la puerta de entrada para ser cobijao por el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano.
A estas jornadas llegó Leidy Troconis llevando consigo su único documento: el pasaporte venezolano. Al identificar que contaba con las condiciones para ser reconocida por las instituciones colombianas como migrante regular, el equipo de la Fundación Un Solo Pueblo la apoyó hace unos meses en el trámite del Permiso Especial de Permanencia (PEP), un documento que ya no se expedirá más a propósito de la implementación del Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia.
Con recursos escasos en los asentamientos de migrantes, internet móvil y destreza en el procedimiento, desde Un Solo Pueblo la ayudaron a hacer el trámite en línea y en solo una hora Leidy dejó de ser una migrante irregular. “Tenía tanta emoción como si hubiera visto a mi familia”, dijo con su permiso en la mano.
«Me siento muy feliz porque me ayudaron a sacar mi Permiso Especial de Permanencia, y así pude afiliarme al sistema de salud y hacer un contrato de arrendamiento para dejar de vivir en los pagadiarios»
Leidy Troconis, migrante venezolana en Cartagena
Mediante la alianza con la organización de venezolanos, en dos meses el programa Conectando Caminos por los Derechos ha brindado orientación y asesoría legal a 260 personas, entre migrantes venezolanos y colombianos retornados. Estas personas también reciben asistencia en el trámite de afiliación a salud, al sistema estatal de beneficios sociales y económicos, y a otras rutas de atención disponibles.
El colombiano retornado Álvaro Vegas, presidente de la Fundación Un Solo Pueblo, y quien vivió 24 años en Venezuela, precisó que además de brindar asistencia legal y migratoria a esta población les ofrecen asesorías en accesos a servicios de salud sexual y reproductiva con programas de la OIM y la Cruz Roja colombiana. Asimismo, apoyo psicológico en Violencias Basadas de Género.
La venezolana Leidy Troconis cuenta con un contrato de arrendamiento y vive con sus tres hijos en un apartamento que paga cada mes. Tras obtener el PEP, esta familia fue afiliada al Sisben y al sistema de salud público. Ahora, ella se prepara para inscribirse en el Sena y registrar su hoja de vida en empresas de mantenimiento, con la esperanza de dejar de limpiar vidrios en los semáforos por un empleo en Cartagena.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
