La integración socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos es un tema álgido en los países de acogida. | Por: GUILLERMO TORRES - SEMANA
Dejusticia lanzó el libro Migración y trabajo decente: Retos para el Sur Global. Las investigadoras, Lucía Ramírez Bolívar y Lina Arroyave plantearon los desafíos que tienen las personas migrantes y refugiadas para insertarse laboralmente en Colombia.
Para nadie es un secreto que el grave escenario económico, y en especial la crisis humanitaria y social que se vive en Venezuela desde el año 2015, ha obligado a emigrar más de 7 millones de sus ciudadanos.
Algunos países vecinos, como Colombia, han brindado una mano solidaria a estas personas migrantes y refugiadas, que luchan por encontrar un empleo y aportar al desarrollo desde diferentes oficios y profesiones.
Sin embargo, la realidad del mercado laboral de las naciones de acogida es bastante dura para la población local, mucho más para las personas migrantes y retornadas desde Venezuela.
Para tratar de entender este panorama, las investigadoras Lucía Ramírez Bolívar y Lina Arroyave dedicaron un capítulo completo al que llamaron El largo camino hacia la inclusión laboral de las personas migrantes venezolanas en Colombia, en el libro Migración y trabajo decente: Retos para el Sur Global, lanzado recientemente por Dejusticia.
El libro, editado por Lucía Ramírez Bolívar y Jessica Corredor Villamil, realiza un recorrido por nueve países del Sur Global desde México hasta la India y desde la Argentina hasta Turquía para debatir sobre la relación entre migración y trabajo desde un enfoque de derechos humanos.
En la investigación se enfatiza que la inserción laboral es una de las formas más efectivas de integración, pues le permite a las personas migrantes y refugiadas vivir en condiciones más dignas, contribuir al desarrollo de las comunidades de acogida y establecer relaciones con la población local.
Sin embargo, advierten que garantizar el derecho al trabajo constituye un reto para los países del Sur Global que tienen economías débiles o en vías de desarrollo y problemas de generación de empleo, lo que puede condenar a muchas personas, no solo migrantes, a trabajar en condiciones precarias y ser sujetos de explotación laboral.
En lo que corresponde al caso de Colombia, Ramírez y Arroyave refieren que desde el año 2017 se han creado una serie de permisos especiales que permiten que las personas migrantes tengan un estatus migratorio regular y superar la barrera legal para acceder a un empleo.
Pero en la práctica se presentan muchas barreras, tal como lo explicó una persona experta en empleabilidad, entrevistada para la investigación, quien mencionó que muchos bancos no aceptaban el Permiso Especial de Permanencia (PEP) como un documento suficiente para abrir una cuenta de ahorros, ni para inscribirse a ciertas empresas prestadoras del servicio de salud, fondos administradores de pensiones, entre otras.
Entre los aspectos a mejorar, Lucía Ramírez y Lina Arroyave señalan que las falencias de los mecanismos de regularización implementados hasta el año 2020 en Colombia evidenciaron la necesidad de contar con una respuesta de largo plazo a la migración, que superara la visión humanitaria y concentrara sus esfuerzos en mecanismos que promovieran la integración sobre todo a través del acceso al empleo, y así surgió el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
