Desde el inicio de la pandemia, Migración Colombia ha expulsado a más de 600 venezolanos por incumplir las medidas de aislamiento y atentar contra la seguridad nacional. | Por: MIGRACIÓN COLOMBIA
Una línea muy delgada entre la protección de la población nacional y la estigmatización de los migrantes venezolanos pudiera quebrarse con la drástica medida de expulsión del país de cualquier extranjero que incumpla las medidas de aislamiento por la covid-19.
El detonante —según Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia — fue la detención de 65 venezolanos, sorprendidos por la Policía Nacional en una fiesta clandestina cuando regía el toque de queda en la localidad de Kennedy (Bogotá) el pasado 17 de enero.
“Una persona que se pone en riesgo está poniendo en riesgo a todo un país, por eso debemos cumplir con las medidas de las autoridades locales", argumentó Espinosa como una justificación de la norma que viene aplicando este organismo desde el inicio de la emergencia sanitaria, la cual ya suma 56 mil verificaciones migratorias y la expulsión de más de 600 extranjeros por “poner en riesgo la seguridad nacional”.
La advertencia retumbó en el país que más refugiados venezolanos ha acogido en el mundo (1,7 millones) desde el inicio de este fenómeno en el año 2015. “Serán expulsados del territorio nacional de manera inmediata”, ordenó el director de la autoridad migratoria.
Según datos suministrados por la Policía Nacional al Proyecto Migración Venezuela, desde el inicio de la pandemia en todo el país se han intervenido alrededor de 95.660 fiestas clandestinas, se han realizado 5.534 capturas y se han impuesto 208.183 comparendos a las personas que violan las medidas estipuladas para contener la propagación del coronavirus.
Sin embargo, la información de la Fuerza Pública no da cuenta de la nacionalidad de las personas sancionadas, por lo que sería imposible aducir una actitud irresponsable por parte de los venezolanos más allá de los casos reportados por Migración Colombia, que ni siquiera llegan a un millar.
Pero no todos los extranjeros que “violan la cuarentena” lo hacen para asistir a fiestas clandestinas. Entre otras razones, los migrantes venezolanos quebrantan las medidas porque fueron desalojados de sus viviendas, porque se encuentran caminando sus trayectos migratorios o porque se ven obligados a salir a las calles a rebuscarse un sustento diario, al igual que gran parte de los colombianos de escasos recursos.
A pesar de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para la protección de la población vulnerable nacional o extranjera en riesgo de desalojo, entre marzo y agosto del año pasado se reportaron 381 incidentes, según registró el programa ADN Dignidad, integrado por las organizaciones humanitarias Acción contra el Hambre, el Consejo Danés para Refugiados y el Consejo Noruego de Refugiados. Dichos eventos se relacionaron con desalojos forzados de vivienda, en donde se vieron afectados 1.593 venezolanos en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Arauca, Bogotá, Bolívar, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
De acuerdo con el Grupo Interagencial de Flujos Mixtos Migratorios (GIFMM), un tercio de los migrantes afectados por los desalojos durante la pandemia se vieron forzados a ocupar predios abandonados o terminaron en situación de calle. A septiembre de 2020, el programa ADN Dignidad identificó al menos 10 asentamientos de vivienda informal habitados por 2.000 personas provenientes de Venezuela que se encontraban en Arauca, Bogotá, Cali, Ipiales y Villa del Rosario.
¿Por qué es inconveniente expulsar del país en plena pandemia a esta población, considerada como refugiada por tratados internacionales, de los cuales Colombia es firmante?
Mauricio Palma, investigador doctoral de la Universidad de Warwick en Inglaterra, explica que es una medida muy desacertada porque es un paso más en la afirmación de los migrantes venezolanos como objetos de control preferente en la política de seguridad del país.
El académico, experto en temas de migración, refiere que estos anuncios no van en pro del cuidado de la ciudadanía frente a la pandemia y, por lo contrario, generan la sensación de que la inseguridad está asociada con la migración.
“Ejercer esta fuerza y coerción, expulsar de frente a un grupo de personas vulnerables es una estrategia que a la larga lo que trae es mayor observación y vigilancia de la sociedad en general de la personas venezolanas”, opina Palma, a quien le parece que si el asunto estuviera realmente enfocado en un marco de Estado de Derechos esos extranjeros que cometieron una falta serían tratados como el resto de los colombianos, con una sanción administrativa como un comparendo.
En vista de que no hay un trato justo ni igualitario hacia ambas poblaciones, el académico percibe que se incrementarían los niveles de xenofobia y discriminación hacia los venezolanos. “Estoy aterrado, no porque dentro del discurso del Gobierno se haya insertado la estigmatización de manera implícita, sino por la reacción tan rápida de la población que ha tomado como propio ese discurso xenófobo”, alerta Palma.
«Los gobiernos en el mundo son muy astutos para inventarse esquemas y
políticas migratorias que tienen visos de legalidad, pero al final terminan incumpliendo las normas internacionales. Un ejemplo claro es lo que está sucediendo con la caravana de migrantes que salió de Honduras y la policía los está recibiendo a palos en Guatemala»
Mauricio Palma, investigador doctoral de la Universidad de Warwick en Inglaterra
Que Migración Colombia tome la decisión exprés de deportar o expulsar fácilmente a los venezolanos del territorio colombiano es un tema que también preocupa pero no sorprende a Carolina Moreno, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes. La razón, expone, es que estas acciones no son algo nuevo, ya que desde el inicio de la pandemia se materializó una nueva causal de expulsión por estos eventos, que no permite ningún recurso de defensa porque los venezolanos son acusados de atentar contra el orden y la seguridad pública.
“Es muy grave porque aparece el tema de la covid-19 como una forma de alegar que los extranjeros afectan la salud pública y el orden nacional. Eso tiene un efecto perverso o nocivo para los migrantes venezolanos, porque ellos no tienen cómo defenderse, no pueden acudir a la justicia”, alega la jurista.
Sobre este punto coincide el profesor de la Universidad de los Andes, Marc Hofstetter, quien hace unos días expresó su punto de vista sobre la expulsión de los 65 venezolanos sorprendidos en una fiesta, y levantó una ola de comentarios de rechazo. “Nos enloquecimos. Esto es absolutamente desproporcionado. Necesitamos desarrollar instancias de defensa judicial a la que puedan acudir los migrantes. ¿Qué pensaríamos si EEUU expulsa a un colombiano sin derecho a réplica por ir de rumba?”, se preguntó en la red social twitter.
El hecho de haber sido un país tan cerrado a la inmigración, afirma Hofstetter, hace que no se tengan pensados procedimientos para lidiar con los retos que involucra el fenómeno migratorio. “Es un despropósito castigar con expulsión una infracción. Pero el tema, manifestar que eso es una desproporción, despierta anticuerpos en la sociedad”, dice.
Lo segundo que le parece riesgoso a la abogada Moreno es que la norma no hace distinción del estatus migratorio, por cuanto no importa si los venezolanos a quienes les aplican la orden de expulsión están en situación regular o irregular. “No les importa si tienen hijos colombianos o la afectación a su núcleo familiar. Los expulsan como si fueran criminales, y eso es muy peligroso porque abre la puerta para decisiones injustas que no se pueden controlar”, completa.
Aplicar este tipo de medidas contra esta población afectaría sus derechos humanos fundamentales. Cuando Colombia decide expulsar y deportar a estos ciudadanos sin un debido proceso —añade Moreno— los estaría poniendo en riesgo y se les estaría violando el derecho a la no devolución contemplada en la legislación internacional sobre refugiados, debido a que estas personas huyeron de su país porque sus vidas corrían peligro.
Los tratados internacionales que se estarían violando con las expulsiones de los venezolanos serían la Convención de Ginebra de 1951, el Protocolo sobre los Estatutos de los Refugiados de 1967, el Acuerdo de Cartagena de 1969 y otros tantos acuerdos regionales, enumera el investigador Mauricio Palma. “Por más que no se haya resuelto en términos legales el estatus migratorio de la persona o la condición de refugiado, ningún país firmante de estos acuerdos tiene la potestad legal de devolverlo a su país de origen”, advierte el docente.
En ese sentido, Moreno sugiere a la autoridad migratoria no aplicar la norma porque afecta de manera desproporcionada a la población migrante más vulnerable en situación irregular. En el caso opuesto recomienda evaluar el contexto y la razón por la cual el venezolano tuvo que salir a la calle a incumplir las medidas de aislamiento.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
