No es noticia que el gobierno colombiano haga política con el Estatuto de Protección Temporal. Desde su anuncio a comienzos de este año y ya durante su implementación, el presidente y sus funcionarios no han perdido ocasión para referirse al altruismo de la medida, en su búsqueda de prestigio en el escenario internacional. De hecho, el Estatuto ha sido también utilizado para responder a aquellos que desde el exterior critican a la administración Duque por su lentitud en la implementación del acuerdo de paz, tema constante en la agenda internacional hacia el país.
Esto no es algo fortuito. Desde el inicio, Duque ha equiparado el EPTV con la construcción de paz en Colombia al presentarlo como una pieza discursiva que encaja en la convulsionada política del posacuerdo con las Farc. En la presentación de la medida en marzo pasado, el presidente se refirió al Estatuto de ‘su gobierno’ como ‘un genuino hecho de paz’, sugiriendo la falsedad de otros esfuerzos del pasado. Se reforzaba así la retórica demagógica entre hechos de paz ciertos y falsos, ligada a la posición del gobierno actual en esa materia, y que ha atravesado la vida política colombiana por años.
Ya en las últimas semanas, el gobierno ha avanzado en fortalecer esta postura, conforme diferentes voces desde el exterior se han pronunciado sobre el estado del acuerdo de 2016. En junio, con ocasión del día internacional del refugiado, y aprovechando la audiencia recogida gracias a la presencia del Alto Representante para los Refugiados de la ONU en Bogotá, Duque incluso aseguró que el estatuto ‘supera con creces los efectos positivos de cualquier proceso de paz’. El mensaje, parte íntegro de su discurso oficial, tenía como receptores a sus críticos, dentro y fuera de Colombia.
Más aún, hace apenas unos días, la vicepresidenta-canciller Ramírez cerraba su intervención frente al Consejo de Seguridad de la ONU recordando cómo su gobierno había lanzado el programa de protección temporal para venezolanos. Lo interesante es que la sesión se había convocado para hablar del estado de la implementación de los acuerdos con las Farc, y en ella, se presentaron múltiples críticas que apenas fueron mencionadas por la representante colombiana.
Estas son muestras del interés del gobierno por presentar los avances humanitarios logrados a través del Estatuto como sustitutos que llenan vacíos estructurales en la implementación del acuerdo de paz. No obstante, ambos son instrumentos necesarios, diferenciados pero interdependientes, en la construcción de una sociedad democrática. Pretender presentar uno como reemplazo tácito del otro es una forma de utilizar políticamente las razones humanitarias detrás del Estatuto.
Trasladar al escenario internacional los habituales tintes demagógicos de nuestra política doméstica, esta vez con el Estatuto como instrumento, afecta la credibilidad sobre una verdadera voluntad humanitaria en Colombia. Además, gobiernos y organizaciones que en el pasado han invertido en la paz del país son hoy los mismos a quienes se les pide su respaldo en la implementación de EPTV. No obstante, el gobierno parece asumir que estos no perciben su intención de acallar las críticas y legitimarse internacionalmente utilizando el Estatuto como escudo.
En su último año, la actual administración se enfocará en la retórica externa alrededor del Estatuto, en su intento por reconstruir algo del prestigio internacional quebrantado en años recientes. Esta sobreexposición puede ser contraproducente para la credibilidad de un instrumento, tan necesario como deseable para el futuro del país. En el entretiempo, esperemos que no se pierda el impulso humanitario inicial, aún mientras el EPTV sea visto por el gobierno como una herramienta al servicio de su política exterior.
* Mauricio Palma es profesor de cátedra de la Facultad de Estudios Políticos e Internacionales, de la Universidad del Rosario, Bogotá
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