A partir de más de 80 entrevistas que realizó Human Rights Watch (HRW) en la región del Catatumbo durante abril de este año, esta organización entregó un informe final que alerta sobre la situación que vive la población local y los migrantes en la zona. 

Uno de los datos más preocupantes que reveló el documento fue la cifra de homicidios, que aumentó casi el doble entre 2015, cuando se presentaron 112, y 2018, cuando se registraron 231. Así mismo, entre enero de 2017 y mayo de 2019, según el informe, 37 personas fueron víctimas de violación y otros delitos sexuales. 
 

Migrantes, en medio del conflicto

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), alrededor de 25.000 venezolanos viven en el Catatumbo. Estos migrantes viven en Tibú, Ocaña, El Tarra, Ábrego, Convención y Sardinata, es decir, en todas las áreas urbanas de la zona. 

Dadas las condiciones en las que llegan al país, muchos de esos venezolanos duermen en las calles o en condiciones de hacinamiento, pues deben compartir vivienda con otras familias. Solo en Tibú, por ejemplo, un comedor comunitario a cargo de un sacerdote alimenta a 400 migrantes al día, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos.

Por eso, HRW advirtió que esta población, que se encuentra en situación de vulnerabilidad, es víctima de las acciones violentas tanto como los locales. Adicionalmente, en el caso de los venezolanos, su acceso a la justicia es limitado para denunciar los hechos de los que son víctimas. Muchos temen ser deportados si acuden a las autoridades. 

El reporte señaló que el escaso control de las autoridades colombianas frente a los pasos ilegales permite que los grupos armados tomen el control de las más de 300 trochas que existen a lo largo de la frontera y las conviertan en un negocio para financiar sus actividades. 

Las entrevistas realizadas revelaron que varios venezolanos han sufrido desplazamientos forzados, homicidios y reclutamiento infantil. Sin embargo, HRW, señaló que “es difícil medir la magnitud de los abusos sufridos por los venezolanos afectados por el conflicto armado en el Catatumbo, debido a que muchos desconocen los procedimientos para reportar lo ocurrido o temen ser deportados si presentan denuncias ante autoridades colombianas”.

Las cifras sobre homicidios de venezolanos en el Catatumbo son preocupantes. Según la Policía Nacional, en 2018 fueron asesinados 19 venezolanos, mientras que en 2017 la cifra fue de cinco. Entre enero y junio de este año, según datos preliminares, 16 venezolanos murieron en la zona. Los datos de OCHA señalaron que 15 venezolanos fueron asesinados por grupos armados entre enero y julio de 2019.

 

Riesgos para los menores

El informe alertó sobre el aumento del reclutamiento de niños y niñas desde los 12 años. Según el documento, “en ocasiones, los niños y niñas son forzados a sumarse a un grupo armado después de que miembros del grupo amenazan con matarlos a ellos o a sus familias”.

Los menores reclutados, colombianos y venezolanos, usualmente trabajan en cultivos de coca. En diálogo con Caracol Radio, el director de la ONG, José Miguel Vivanco, dijo que “hay niños entre 8 y 14 años que se dedican a raspar coca. Sus jornadas empiezan a las 4 de la mañana hasta el mediodía”. El conflicto que se vive en la región, por la presencia de grupos como el Eln, el Epl y disidencias de las Farc, también limita el acceso a la educación para los pequeños. Y los niños que no están en el sistema educativo están en mayor vulnerabilidad para ser reclutados. 

Para las niñas, el riesgo aumenta ante la posibilidad de ser utilizadas para prostitución. Según HRW, “hay niñas venezolanas de entre 12 y 15 años que participan en relaciones en las que se intercambia sexo por 5.000 pesos colombianos”. El temor por las represalias hace que las víctimas no denuncien lo que les pasa. 
 

Las tareas del Gobierno

Ante el preocupante panorama que reveló el informe, Vivanco afirmó que "cuesta creer que el Catatumbo sea parte de Colombia". HRW incluyó algunas recomendaciones al Gobierno para proteger los derechos de los venezolanos que huyen de la crisis en su país. 

Para empezar, sugirieron que se lleve a cabo “una evaluación exhaustiva para determinar la cantidad total de venezolanos que viven en el Catatumbo y sus necesidades”. En junio de 2018, las autoridades colombianas contabilizaron 9.106 venezolanos en la región, pero ese censo no llegó a las zonas rurales y se realizó durante un paro armado del Epl. 

Finalmente, HRW instó al Gobierno para que asegure que todos los venezolanos “tengan estatus legal en Colombia para que puedan trabajar legalmente, incluso en partes más seguras de Colombia, y no teman ser deportados si denuncian abusos”.