En Colombia el 78,1% de los encuestados tiene un contrato verbal, mientras que apenas el 11,8 % posee un contrato escrito y el 8,3 % no tiene ningún tipo de acuerdo, según la La Encuesta Regional de Desalojos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela, de la plataforma R4V. | Por: GUILLERMO TORRES | SEMANA
Falta de documentación y xenofobia son algunas de las barreras que dificultan el acceso a vivienda para esta población migrante y refugiada.
Conseguir vivienda para arrendar se ha convertido en un suplicio para los migrantes venezolanos en Colombia. Manuela Mendoza, quien a duras penas encontró dónde radicarse en Suba, en el norte de Bogotá, ha tenido que sortear varios obstáculos. Ella es una madre de 23 años que tiene una bebé y dos niños que no pasan los diez años.
En varias ocasiones no le han arrendado por el solo hecho de ser venezolana y porque tiene niños. Además le exigen tener un historial crediticio en el país y un fiador 'Finca Raíz', es decir, un deudor secundario que soportará el pago de las obligaciones del deudor principal; esto en el caso de que ella incumpla con los pagos descritos en el contrato de arrendamiento.
A muchas familias venezolanas les ha tocado cambiar constantemente de residencia porque no encuentran un lugar donde vivir tras haber pasado por un trayecto migratorio difícil desde el vecino país.
“Estoy buscando un nuevo hogar porque tengo al frente un bar que abre todos los días. No podemos descansar por tanto ruido, pero nadie nos quiere arrendar una habitación porque tengo niños”, denuncia la migrante Manuela Mendoza, quien al verse a punto de quedar en la calle ha pensado en devolverse a Venezuela, donde corre el riesgo de volver a sufrir las graves secuelas de la crisis humanitaria de la que huyó en diciembre de 2020.
Fabiola Solorza es otra venezolana que vive desde hace 13 años en Colombia y lleva seis años trabajado en el sector inmobiliario. Según su experiencia, son múltiples las trabas que encuentra esta población al momento de arrendar. “He visto cómo a venezolanos les arriendan las habitaciones, pero luego, si llega alguien y les ofrece más dinero lo sacan sin respetarle sus derechos de arrendatarios y como no tienen documentación colombiana no se atreven a recurrir a las autoridades para denunciar”, explica.
Dice esta asesora de bienes raíces que, incluso, tuvo que hospedar momentáneamente a una familia migrante luego de que los sacaran injustamente de donde vivían. “A pesar de que habían pagado el mes completo, los sacaron a mitad de mes, porque a la dueña del lugar le llegó una mejor oferta'', recuerda con indignación.
Alguien que por favor le colabore a esta familia venezolana que sobrevive en la calle. En ninguna parte les quieren arrendar a pesar de tener el dinero y un trabajo con el que pueden responder. No les arriendan por ser venezolanos y tener mascotas. Buscan en Soacha algo de 500mil pic.twitter.com/SybgktCWcC
— Angie ???????????? (@Angiegars) October 14, 2021
Este documento recomienda a las autoridades de los países de acogida de refugiados a garantizar que se respeten sus derechos humanos, y que el estatus migratorio, la falta de documentos o regularización de su estatus migratorio, no sea un factor para ponerlos en mayor riesgo de desalojo, generar presión o intimidación.
En junio pasado, el Proyecto Migración Venezuela reveló los resultados de la primera Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia y en esta encontró que el 48,7% de venezolanos viven en hacinamiento crítico en el país, y un 92,4% viven en arriendo o subarriendo.
En Colombia, la Ley 820 de 2003, regula los disposiciones para el arrendamiento de vivienda urbana, no hace distinción entre ciudadanos nacionales o extranjeros. Según explica José Gabriel Mier, director de la Inmobiliaria Miro, en Bogotá, “la ley no especifica nada de deudores o codeudores, la persona venezolana junto con el propietario solamente deben suscribir el contrato de arrendamiento dónde se deben pactar todas las condiciones como por ejemplo valor de la administración, preaviso, etc”.
Mier también aclara que la ley permite que en el contrato solo se se requiera firma de notario y de la persona que arrienda. Además, permite que los contratos de arrendamiento puedan ser verbales. Este tipo de arrendamiento se ha vuelto muy común en la población venezolana radicada en el país, pues la mayoría no logra contar con todos los requisitos que las inmobiliarias piden al momento de arrendar un inmueble.
Según la ONU, los derechos humanos reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda digna. Foto por: Laura Sierra Musse
Solorza y Mier, expertos en el sector inmobiliario, indican los requisitos exigidos por los propietarios de las viviendas para arrendar a los venezolanos: "Contar con el Permiso Especial de Permanencia (PEP), pasaporte vigente, tener uno o dos codeudores, la mayoría con finca raíz. Tener una vida crediticia en Colombia y demostrar ingresos superiores para el pago del arriendo". Otros piden de entrada que tengan cédula de ciudadanía, es decir, que tenga nacionalidad colombiana.
Una prueba de ello es el testimonio de la venezolana Fernanda Martínez que llegó con su esposo en el año 2018 a Bogotá. Ahora viven en el municipio de Zipaquirá, y les tocó tener un hogar con un contrato verbal al inicio, por lo que les costó mucho arrendar un apartamento. “Nadie quería arrendarle a venezolanos, nos pedían 'Finca Raíz', cartas de trabajo y eran cosas que no teníamos al principio”, cuenta Martínez, quien encontró un apartamento por un anuncio en Facebook, pero que para mudarse tuvo que pagar un millón doscientos mil pesos por adelantado sin contrato por escrito.
Por su parte, la migrante Yulia Torres también tuvo una experiencia desagradable. A pesar de eso pudo arrendar una casa por medio de una inmobiliaria en Bogotá. Ella logró reunir el dinero y todos los documentos que le pedían, también se aseguró de cuidar su vida crediticia en Colombia. "Muchas veces me discriminaron, cuando llamaba para preguntar por una casa, me sentían el acento y decían que no alquilaban a venezolanos”, relató Torres.
El día que fue a firmar el contrato de su vivienda arrendada en vez de salir feliz se sintió mal, luego de que la secretaria de la inmobiliaria le hizo un comentario: “Aquí normalmente a los venezolanos no les aprueban nada”, le dijo.
Sin embargo, no todas las experiencias son negativas. Fabiola Solorza ha asesorado a familias venezolanas en la compra de vivienda en Colombia. Uno de esos casos es el de Anastasia Roldán, quien vive con su esposo en Bogotá desde el año 2016. “Pudimos comprar casa con el pasaporte vigente y afortunadamente no se nos dificultaron mucho los trámites'', dice Roldán.
El director de la Inmobiliaria Miro, José Gabriel Mier, apuntó que para comprar vivienda la persona necesita tener el 30% del valor del inmueble, luego debe solicitar un crédito hipotecario y el banco hace un estudio de crédito. Si el solicitante es solvente le prestan hasta el 70%. Aseguró el asesor que en estos casos no les piden codeudores, sólo les toca firmar unos pagarés con los bancos.
Un drama recurrente: “Nos ponían muchos peros porque éramos venezolanos
Gustavo Rodríguez es otro migrante que ha pasado por muchas dificultades para acceder a vivienda en Colombia. Es un ingeniero de sistemas, de 46 años, que se vino de Maracaibo y llegó solo a Barranquilla, a inicios del año 2018.
“Nos ponían muchos peros porque éramos venezolanos y nadie nos conocía, además nos solicitaban requisitos como tener un fiador y pedían tres meses adelantados del pago, como un depósito”, comenta Rodríguez.
Luego, cuando llegó su hijo mayor de 28 años a Barranquilla y con la colaboración de otros compañeros, encontró una casa que estaba alquilando una mujer. Esta vivienda estaba en obra gris y contaba con cuatro apartamentos pequeños. “La señora nos dijo que podíamos vivir ahí si le ayudábamos a terminar la casa”, resalta el migrante, quien en ese momento también tenía que trabajar en la calle vendiendo dulces para recolectar dinero.
Ante la situación de explotación laboral, porque no le daban descanso en la construcción de la casa, Gustavo, su hijo y sus compañeros decidieron irse de ese lugar, y terminaron viviendo en una pensión donde pagaban 30 mil pesos por noche, pero no tenían las comodidades necesarias, ni siquiera un ventilador o una cama. “Dormíamos a penas con una sábana tirada en el piso y teníamos que compartir la habitación entre seis a ocho personas, además, para usar el baño debíamos pagar dos mil pesos”, dice este ciudadano venezolano.
Al ver que tenía que pagar por algo que ni siquiera le daba comodidad, tomó la difícil decisión de vivir en la calle. “Dije: ¿para qué pagar una habitación? Si no me ofrecían nada, por eso decidí tomar el riesgo con la inseguridad de vivir en la calle. Allí habíamos de dos mil a tres mil personas en la acera porque no nos dejaban dormir dentro del terminal”, rememora Rodríguez.
Finalmente, pudo ubicarse en el municipio de Mutatá, Antioquia, en donde le alquilaron una casa de madera a la orilla del río, ahí lleva viviendo desde enero de 2020 y pudo traerse a su familia. Por esta casa hizo un contrato directo de palabra con la dueña del lugar y ahí paga 200mil pesos al mes. A pesar de que tuvo problemas con los pagos del mes el año pasado por temas de pandemia al ser trabajador ambulante, la señora que le alquiló la casa le dio la oportunidad de pagar después cuando tuviera dinero. “Mientras tenga una cama y un plato de comer, yo le doy gracias a Dios y a la gente de acá por su hospitalidad”.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
