La nacionalidad de migrantes que predomina por esta frontera es la venezolana. | Por: DEFENSORÍA DEL PUEBLO COLOMBIA
Mientras en 2021 predominaban los migrantes haitianos, para el 2022 la mayoría proviene de Venezuela, también viajando con niños, niñas y adolescentes, alertó la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre los graves riesgos a la vida, seguridad e integridad que enfrentan niños, niñas y adolescentes migrantes que transitan por Apartadó y Necoclí, en Antioquia, y el corregimiento de Capurganá, en Acandí, Chocó, en los límites entre Colombia y Panamá.
En los últimos meses se ha presentado el incremento de población transcontinental y del Caribe que usa el paso por la selva del Darién hacia Centro y Norteamérica, alertó la entidad colombiana en un comunicado de prensa. “Desde la Defensoría del Pueblo observamos en el mes de mayo la salida por Necoclí hacia el tapón del Darién de 169 niños y niñas de 0 a 12 años y de 41 adolescentes entre los 13 y 17 años”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
En el año anterior, según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Senafront, se presentó el cruce fronterizo de al menos 134.000 personas, de las que predominaba la presencia de grupos haitianos, la mayoría hombres, y unos 29.000 niños, niñas y adolescentes.
El defensor del Pueblo resaltó que el perfil migratorio ha cambiado. Mientras en 2021 predominaban los migrantes haitianos, para el 2022 la mayoría de loc cuales son provenientes de Venezuela, y también viajando con niños, niñas y adolescentes.
Se suman vacíos de protección para niños, niñas y adolescentes en los territorios; hay deficiente identificación de los menores no acompañados y separados. Resulta necesaria la articulación de información que permita establecer el destino y necesidades de los niños que pasan por la selva del Darién.
Vale la pena mencionar que por falta de mecanismos oficiales hay un subregistro frente a la dinámica de movilidad humana y, en ese sentido, se sabe que persiste el flujo poblacional de personas haitianas, angoleñas, senegaleses y de otras nacionalidades, pero tampoco se ha podido corroborar la cantidad exacta de ellas.
La Defensoría del Pueblo y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) tienen identificadas varias situaciones especiales:
Primero, la mayor presencia de familias que viajan con niños, niñas y adolescentes; segundo, debido a que tienen menor capacidad económica, los migrantes se ven obligados a permanecer en lugares de uso público y de calle; y tercero, deben estar más tiempo en Colombia, realizando actividades económicas informales que les permitan reunir los recursos que requiere el viaje.
Se ha visto además un incremento de niñez no acompañada: desde Unicef Panamá reportaron la llegada de 17 jóvenes no acompañados a su frontera, lo que afecta el tejido social en el territorio y vulnera los derechos humanos de la niñez, sujeto de especial protección por parte del Estado colombiano.
Este escenario, asegura Carlos Camargo, “los menores de edad están mucho más expuestos para ser instrumentalizados por parte de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminarles, que buscan aprovecharse de esta situación y cometen reclutamiento, violencia sexual, explotación sexual, violencias basadas en género y trata de personas”.
En el mismo sentido, esta entidad considera que no existen mecanismos claros para verificación de parentesco, falta de sistemas de información pública con enfoque en niñez y debilidad en el registro en la entrada por la frontera entre Colombia y Ecuador, lo que aumenta las vulnerabilidades de los niños.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las instituciones del orden nacional y departamental para fortalecer su presencia en las zonas fronterizas entre Colombia con Ecuador y Panamá, especialmente en los departamentos y municipios de la región del Urabá antioqueño y chocoano, para ejercer el control e impulsar estrategias, planes y programas que tiendan a la prevención y mitigación de las situaciones expuestas con anterioridad y que afectan a la niñez.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
