Algunos migrantes desalojados pidieron permiso para dormir en la parte trasera de una camioneta. | Por: BLU RADIO
Ante la polémica reacción de la alcaldesa Claudia López frente al desalojo de los migrantes venezolanos de los arriendos "paga diario" del centro de Bogotá, en la que le solicitó a autoridades nacionales, como Migración Colombia, que se encargue de esta población, el presidente Iván Duque rechazó estas declaraciones.
"Se quieren lavar las manos asegurando que la atención de los migrantes venezolanos no es su problema. Hay algunos alcaldes que de alguna manera están tratando de decir: eso no es mi problema. Yo pregunto una cosa: hasta hace dos meses qué decían, no. Es una responsabilidad de todos, aquí nadie se puede lavar las manos frente a un tema tan sensible. Insisto, aquí tenemos que lavarnos las manos en lo práctico para evitar el covid-19, pero políticamente nadie puede lavarse las manos con la población venezolana", sentenció Duque.
El mandatario insistió que más bien lo que tiene que haber es coordinación entre las instituciones para atender a estos ciudadanos a nivel nacional porque, según dijo, muchos de esos migrantes tienen hijos que hoy son colombianos.
Por su parte, el ministro de vivienda Jonathan Malagón informó que están prohibidos los desalojos de los "paga diario". "Independientemente de quien esté en esa modalidad de pago el mensaje del presidente Iván Duque ha sido claro: No se puede desalojar a nadie en Colombia que tenga cualquier contrato formal e informal".
Malagón explicó que no tiene sentido que en el marco de esta emergencia se vean a familias desalojadas buscando nuevos arriendos. "Las familias deben permanecer en casa, y por lo tanto quedan prohibidos los desalojos de colombianos, de venezolanos, de los que tienen contrato a un mes, a seis meses, de los que están en paga diario. En Colombia es ilegal desalojar a las familias sin un fallo judicial y extenderemos esta medida hasta dos meses después de la emergencia económica", reiteró.
En Colombia hay 5,6 millones de familias colombianas que viven en arriendo, un mercado de doble fragilidad porque el 90% de las familias arrendatarias y los inquilinos pertenecen a los estratos 1,2 y 3. Ambas son población vulnerable, de acuerdo con la explicación del ministro Malagón.
"El Gobierno nacional está promoviendo que los arrendatarios lleguen a un acuerdo de manera privada con sus inquilinos, y para eso lanzamos cuatro condiciones: independientemente de lo que negocien no se puede desalojar a la familia (colombiana o venezolana) en el marco de la emergencia, no se puede incrementar el canon de arriendo (se congela la tarifa), se suspenden las penalidades y los intereses de mora, y por último, los contratos se prorrogarán automáticamente hasta que termine la contingencia", precisó el ministro.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
