Partos de mujeres migrantes en zonas fronterizas: así son las cuentas

Debido al colapso del sistema de salud y a la crisis humanitaria que vive Venezuela desde el año 2015, cientos de mujeres venezolanas han cruzado la frontera de manera pendular en busca de atención médica, comprar medicinas y para dar a luz en centros de salud colombianos. 

La prueba de esta realidad se evidencia en la frontera de Norte de Santander, con el estado Táchira. Según cifras difundidas por el Hospital Universitario Erasmo Meoz, de Cúcuta, entre febrero y abril del año 2020 se atendieron 1.040 partos de gestantes venezolanas. De estos, 608 fueron partos naturales y 432 por cesárea. En este mismo periodo el total de nacimientos atendidos fue de 1.249, lo que quiere decir que el 83,2% corresponde a partos de mujeres migrantes. 

El incremento en la demanda de servicios de salud de las gestantes venezolanas provoca un fuerte impacto en las instituciones prestadoras de servicios de salud de Colombia, las cuales atienden a esta población en las zonas fronterizas haciendo un gran esfuerzo. 

Cada parto de una migrante venezolana pendular en los hospitales de los departamentos de frontera con Venezuela le cuesta actualmente al sistema de salud un aproximado de 1 millón 500 mil de pesos, según estimó el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) del Ministerio de Salud, en un proyecto financiado por el Banco Mundial. 

La población objeto de estudio se enfocó en mujeres en edad fértil de 10 a los 49 años, migrantes pendulares venezolanas que requieren algún servicio materno fetal. Los costos del plan se proyectan que oscilarán entre los 23 mil y 59 mil millones de pesos para el 2021, con un estimado de entre 276.703 y 285.078  usuarias a cierre de este año.

Esta población, que debería recibir atención materno-perinatal en Venezuela, se caracteriza por no tener controles prenatales y por ende se encuentra en alta probabilidad de riesgo obstétrico no detectado. Un informe del Programa Mundial de Alimentos, de febrero de 2020, reporta que “un 31% de los hogares migrantes en los departamentos de Cesar, La Guajira y Norte de Santander tiene una mujer embarazada o lactante, de las cuales el 49% y el 38%, respectivamente, no ha asistido nunca a un control prenatal”. 

Una consecuencia directa de esto es que, la inasistencia a los controles prenatales incrementa de manera importante los costos posteriores de atención en salud que les brinda Colombia a las venezolanas, según argumenta este estudio del Ministerio de Salud. 

De allí, la iniciativa de diseñar un paquete de atención materno perinatal con los costos reportados por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para buscar financiamiento externo con las agencias de cooperación internacional, a fin de garantizar el derecho a la salud de estas madres gestantes en condición de vulnerabilidad.

El paquete comprende los siguientes servicios: atención para la anticoncepción (métodos de corta duración y de larga duración), atención prenatal, atención del parto vaginal, cesárea, Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y  atención de aborto espontáneo.  En el estudio aclaran que el costo de los insumos del paquete están relacionados únicamente con la atención directa del paciente y están asociados con los recursos en salud del tipo procedimientos  o medicamentos.

Por las medidas restrictivas de la pandemia, desde el 14 de marzo de 2020 permanecen cerrados todos los pasos entre Colombia y Venezuela.  En razón de esto, desde el 21 de marzo del año pasado habilitaron un canal humanitario en el puente internacional Simón Bolívar por el cual dejan pasar hacia Norte de Santander pacientes crónicos renales, oncológicos y mujeres embarazadas en labor de parto. 

Según contó al Proyecto Migración Venezuela, José Jaimes, director de la ONG Comunidad de Naciones en San Antonio del Táchira, el 95% de los pacientes que necesitan cruzar esta frontera son de nacionalidad colombiana, pero están asentados en esta zona fronteriza de Venezuela.

“La mayoría de las embarazadas son colombo venezolanas y a ellas las dejan pasar sin ningún problema a las citas de control prenatal, al igual que cuando van a parir. Cuando son venezolanas en estado de gravedad a veces hacen la excepción para que ingresen a Colombia, previa autorización con un código del Instituto Departamental de Salud. Pero las que van a control no les dan acceso y las envían a los  hospitales del estado Táchira”, detalló Jaimes, quien estima que en un día pueden pasar por el canal humanitario de 10 a 15  madres gestantes a citas de control, y una o dos a parir en centros de salud de Cúcuta y Villa del Rosario. 

Por los pasos ilegales no se sabe cuántas migrantes pendulares a punto de dar a luz logran llegar a territorio colombiano. Si bien, las venezolanas arriesgan sus vidas caminando trochas en busca de atención materna, Magdymar León, investigadora de la Asociación Venezolana de Salud Sexual y Reproductiva (Avesa), en Caracas, explica que ellas no vienen a parir a Colombia por gusto, lo hacen por necesidad. 

“Las madres migrantes no somos ciudadanas de segunda categoría, nuestros derechos no se suprimen. Incluso, el hecho de que no tengamos documentación migratoria regular no significa que perdamos derechos y no podamos acceder a servicios de salud en los países de acogida”, enfatizó la psicóloga.

Esta apreciación va en concordancia con una de las recomendaciones del estudio del Ministerio de Salud, la cual pretende “construir una política de atención en salud de poblaciones migrantes, orientada a disminuir las barreras de acceso e inequidad de esta población y la necesidad de garantizar sus derechos en salud en igualdad de condiciones a la población colombiana”. 

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