Sólo el 19% de los migrantes venezolanos radicados en Perú cuenta con un permiso de residencia. | Por: MIGRACIONES PERÚ
Franklin lleva seis meses preocupado. Su hija de 11 años se encuentra en situación irregular en Perú, porque se le venció el plazo de permanencia y él no la incluyó en su registro como solicitante de refugio al entrar al país. Su idea inicial era esperar que le saliera el carnet de extranjería a su esposa —quien viajó desde Venezuela unos meses antes— y hacer una solicitud de reunificación familiar. Pero ella falleció a finales de abril a causa de ls covid-19 y los planes de regularizar el estatus migratorio de su niña quedó suspendido.
En su angustia, hizo una solicitud a Migraciones Perú para que evaluarán el caso de su hija como persona vulnerable y optar así a un carnet de extranjería. Pero, a la fecha, no ha recibido respuesta y Franklin teme que eso pueda afectar su escolaridad. Este caso no es aislado. En Perú, hacen vida 1.043.460 migrantes venezolanos, según datos registrados por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Sin embargo, sólo 477 mil (19%) cuenta con un permiso de residencia.
Otros 496.095 se encuentran en Perú en calidad de solicitantes de refugio y un sinnúmero presenta situación irregular, por no haber realizado el debido control migratorio o tener vencido el plazo de permanencia. De manera que no sabe con exactitud cuántos venezolanos están en el país ni cuáles son sus necesidades reales para que el Estado pueda atenderlas. De ahí que muchas voces venían abogando por nuevas medidas y, finalmente, el gobierno de Martín Vizcarra aprobó un decreto que abre las puertas a la regularización.
El decreto, publicado el 22 de octubre de 2020, aprueba procedimientos especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de los extranjeros con estatus irregular. La medida concede un plazo de 180 días, a partir de su publicación, para que aquellas personas con el plazo de permanencia vencido o que hayan ingresado sin pasar por los controles fronterizos puedan optar a un carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), con vigencia de un año.
Esta orden sólo acoge a los venezolanos que se encuentran dentro del territorio nacional para la fecha de publicación del decreto, quienes deberán presentar a las autoridades de Migraciones copia del pasaporte o documento de identidad vigente; declaración jurada de no poseer antecedentes penales, policiales y judiciales; no tener impedimento de ingreso al país y un compromiso de pago de la deuda por la multa de exceso de permanencia.
Los vacíos del decreto
Cécile Blouin, investigadora del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), considera que este decreto de regularización constituye una buena señal, porque, luego de que en octubre de 2018 se eliminó el Permiso de Temporal de Permanencia (PTP), no se había establecido otro mecanismo para que los venezolanos que están dentro del país pudieran optar a una calidad migratoria.
Aparte, resalta el hecho de que esta norma permite por primera vez que quienes hayan entrado a Perú de manera irregular puedan solventar su situación migratoria. No obstante, Blouin denota ciertas contradicciones en la norma que en la práctica hará cuesta arriba la regularización de los migrantes venezolanos.
Por un lado, el decreto menciona entre los requisitos la presentación del pasaporte vigente, lo cual constituye un problema porque muchos tienen el documento vencido y renovarlo a través del consulado de Venezuela en Perú tomaba más de tres meses en tiempos prepandemia. Ello sin contar que el trámite tiene un costo de entre 180 y 280 dólares, dependiendo de si es una prórroga o emisión de uno nuevo.
La investigadora destaca que el pago de la multa también supone un obstáculo para quienes quieran optar a la regularización, porque las medidas de confinamiento golpearon la economía del país y muchos migrantes perdieron su trabajo. La caída de los ingresos ha sido tal, que su efecto se vio reflejado en las remesas que se envían a Venezuela. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Económicos Equilibrium, 67% de los consultados dejó de enviar dinero por la crisis que originó el Covid-19.
Feline Freier, politóloga e investigadora de la Universidad del Pacífico, afirma que la medida representa un avance en materia migratoria, pero advierte que no se solventaron los obstáculos anteriores. “Es mejor que nada”, dice. “Sin embargo, veo con preocupación algunos temas, como la exigencia de un plazo de seis meses para acatar la norma y que los requerimientos siguen siendo imposible. Creo que hubieran podido hacer algo más amplio”, acotó.
La regularización como derecho
Este decreto trae de vuelta el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), lo que, a juicio de Blouin, constituye un retroceso. “La visa humanitaria, que está pensada para situaciones de alta vulnerabilidad, permitía a los venezolanos optar de manera directa a un carnet de extranjería, una vez que llegaban a Perú. Ahora, volvemos a una ruta de regularización compleja y, de paso, temporal”, sostuvo.
Esta medida tampoco unifica las opciones de regulación. Más bien genera otra figura denominada Carnet de Permiso Temporal de Permanencia, cuyo alcance no se tendrá claro hasta que no se apruebe el Texto Único de Procedimientos Administrativos. “Antes, teníamos el PTP. Ahora, se le llamará CPP. Aún no está definido si será lo mismo o no. Lo cierto, es que este mecanismo en su momento no funcionó porque muchos empleadores no reconocían su validez”, acotó.
De ahí que lo idóneo hubiese sido regularizar a los migrantes y brindarles la opción de optar al carnet de extranjería, que le garantiza a los extranjeros el acceso a sus derechos. “Este decreto ve la regularización como algo especial, excepcional y temporal como lo dice su nombre. Cuando lo ideal es que la regularización sea visto como algo normal, porque se trata de un derecho fundamental”, concluye Blouin.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
