Cómo va la política migratoria en Colombia

Los analistas colombianos y venezolanos sobre el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro coinciden en que no habrá mejoras profundas en Venezuela en un futuro cercano. Esto implica que el hambre, la inseguridad y la escasez de medicamentos, entre otros productos básicos, continuarán siendo parte de la realidad de un país sumido en una crisis humanitaria que se ha expandido por la región. Así las cosas, los migrantes del país vecino seguirán llegando a Colombia. 

Las duras declaraciones del presidente Iván Duque contra Nicolás Maduro contrastan con las políticas más flexibles de control migratorio que su gobierno ha aplicado en el último mes y medio. En diciembre, Migración Colombia reactivó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) para los migrantes que se mueven constantemente por la zona de frontera, abrió la puerta para que los venezolanos que habían llegado al país antes del 17 de diciembre con pasaporte tramitaran el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y creó un Permiso de Tránsito Temporal (PTT) para los extranjeros que ingresan al país para continuar su viaje hacia otros destinos.  
 

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“Estas herramientas nos ayudan a garantizar la seguridad de los migrantes, que ya no van a tener que pagar altas sumas de dinero o poner sus vidas en riesgo para poder hacer tránsito por Colombia”, dijo Christian Krüger, director de Migración Colombia, al anunciar el PTT. El acelerado aumento de la migración justifica las medidas. Según cálculos de la entidad, entre enero y septiembre de 2018 se superó el volumen de extranjeros atendidos durante todo 2016.

La creación de estos documentos, que brindan la oportunidad a miles de venezolanos de empezar a integrarse legalmente al país, sienta un importante precedente en la política migratoria nacional. Pero, más importante, muestran la apertura del Gobierno a los migrantes en un contexto en que otros países del mundo cierran sus puertas y, como en el caso de Brasil, niegan adherirse al Pacto Mundial para la Migración de la ONU. “Colombia lidera la integración de venezolanos en América Latina. Sin importar lo que hagan otros países, las acciones del Gobierno se traducirán en bienestar económico para todos los colombianos”, dice Dany Bahar, economista del Instituto Brookings y miembro del Grupo de Trabajo para Migrantes y Refugiados Venezolanos de la OEA. 

A finales de noviembre, el Gobierno nacional aprobó un nuevo Conpes para definir la estrategia del Estado para atender la migración que llega desde Venezuela, después de al menos seis meses de debates internos. Diez ministerios y ocho entidades del orden nacional –entre ellas el ICBF, el Sena y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas– participaron en la elaboración de esta hoja de ruta que tendrá una vigencia de tres años a partir de 2019. El documento establece acciones para mejorar la atención en salud, educación, primera infancia, infancia y adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad, así como para fortalecer la institucionalidad de cara a las nuevas tareas. 

Los expertos dicen que el Conpes 3950 muestra un importante avance en el tratamiento de la migración, pues esta política reconoce el carácter nacional del fenómeno y establece una serie de acciones concretas que el Gobierno deberá sacar adelante este año. Además, determina crear una instancia única que se encargue de coordinar y articular las acciones relacionadas con el fenómeno migratorio que deberá quedar establecida en marzo. Actualmente, gran parte de los asuntos migratorios recaen sobre la oficina de la Gerencia de Frontera, a cargo de Felipe Muñoz. Aunque lidera la coordinación nacional y regional de la atención a los migrantes desde el Gobierno anterior, sigue sin la capacidad operativa suficiente para responder a un fenómeno de esta magnitud, pues ni siquiera cuenta con un equipo propio asignado por la Presidencia. 

Pero aún hay varios temas pendientes. Por ejemplo, no se sabe qué pasará con los hijos de padres venezolanos en situación irregular que nacen en el país y no pueden acceder a la nacionalidad colombiana ni a la venezolana. En este asunto debe participar la Registraduría, pero llama la atención que esta entidad no forma parte del Conpes. Tampoco está claro cómo homologar los títulos de profesionales venezolanos que hoy están represados en el Ministerio de Educación. 
 

María Clara Robayo, investigadora del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, destaca este documento como un primer paso para abordar este fenómeno en su complejidad, pero señala que queda mucho trabajo por hacer.

«Se requiere un registro nacional para migrantes y refugiados, y, en la medida en que no tengamos ese registro, muy difícilmente los departamentos podrán tener políticas con enfoque diferencial por región.»

María Clara Robayo
Investigadora Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario

Estos datos podrían servir de insumo para las 14 mesas instaladas en las ciudades que concentran el mayor número de venezolanos y colombianos retornados, entre las que están Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Bucaramanga, Cali y Medellín, y las capitales de los departamentos fronterizos. 

Uno de los temas que más preocupa tiene que ver con los recursos. La inversión del Estado para implementar el Conpes está estimada en 422.779 millones de pesos, pero esta cifra contrasta con los elevados montos de los que se ha hablado al calcular lo que podría costarle la migración a Colombia. De acuerdo con el informe del Banco Mundial publicado en noviembre, el impacto fiscal de la migración en el corto plazo “constituye un reto para el país”, pues tendría un costo estimado de 2,6 billones de pesos. “Lo que hizo el Conpes fue reconocer qué recursos podía comprometer cada entidad y por eso es mucho menor del total de lo que se estima”, aclara Felipe Muñoz. Desde hace varios meses, el canciller Carlos H. Trujillo ha asumido la tarea de gestionar más recursos de cooperación internacional con el fin de conseguir más fondos para la migración. Pero también se tendrían que sumar otras fuentes de recursos como el Sistema General de Participaciones para atender este tema.

Se sabe que hay dos proyectos de ley en los que trabaja Cancillería: uno de ley migratoria y otro de ley de fronteras. Aunque no hay muchos detalles, Proyecto Migración Venezuela conoció que ya están listos los procesos de consulta regional y sectorial de esos proyectos, y en los próximos meses se presentarán en el Congreso. 

El Gobierno se había concentrado en la atención humanitaria y la regularización de los migrantes. Pero ahora parece enfocar los esfuerzos en consolidar el proceso de integración. Es decir, garantizar que los 463.100 venezolanos que han solicitado el PEP hasta la fecha empiecen a trabajar y entren en el sistema de protección social. “Ya no podemos seguir hablando de crisis migratoria, sino reconocer que ya hay migrantes en Colombia y que se tienen que generar unas políticas, herramientas y rutas de acción para que estos migrantes se puedan integrar efectivamente a la sociedad”, opina Stephanie López, investigadora del Grupo de Migraciones y Desplazamiento de la Universidad Nacional. “Este no es un tema que se pueda ver en el corto plazo”, agrega.

El reto será lograr su integración teniendo en cuenta el temor que ha despertado entre los colombianos la población que llegó de Venezuela. Y será todo un desafío sacarlo adelante en un año electoral en el que seguramente surgirán decenas de candidatos con discursos antiinmigración. 

Este artículo fue publicado en la edición no. 1915 de la Revista Semana.