En las zonas fronterizas y en las ciudades los migrantes se encuentran en estado de vulnerabilidad. | Por: MIGRACIÓN COLOMBIA
Un doble drama viven los migrantes venezolanos en Colombia en medio de la pandemia mundial por el covid-19. Huyeron de su tierra buscando mejores condiciones de vida y ahora muchos de ellos se han quedado en la calle por no poder pagar un techo donde dormir, mucho menos comprar alimentos para subsistir.
Desde este miércoles, en el Parque del Agua, en Bucaramanga, se concentraron más de 250 venezolanos, entre ellos 26 niños, que llegaron caminando desde la capital colombiana, Cali y otras ciudades del país, de donde partieron desesperados. “Venimos de Bogotá caminando desde hace tres días, llegamos aquí a Bucaramanga y queremos ayuda para regresar a Venezuela”, contó a medios locales Edicta Álvarez, una de las migrantes.
Y un día antes, el martes, en Bogotá salieron a protestar familias enteras de migrantes venezolanos que fueron desalojadas de los arriendos “pagadiario”. Pedían asistencia social a las autoridades ante el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran, al igual que miles de familias colombianas.
La alcaldesa Claudia López, sin tapujos, le pidió a Migración Colombia que se hiciera cargo de los venezolanos. Los migrantes quedaron en el banquillo de la discriminación.
Pero, ¿quién se encarga y ayuda a los venezolanos en esta contingencia? La Constitución Política de Colombia garantiza los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. De allí que en su artículo 100 se establezca lo siguiente: “Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros”.
El debate sobre la afectación de los migrantes venezolanos durante la crisis sanitaria por el covid-19 lo avivó este jueves el senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, quien promovió una audiencia pública virtual para analizar este tema con representantes del Gobierno nacional, asociaciones de venezolanos, investigadores del tema migratorio y autoridades de frontera.
Sanguino planteó que el Gobierno ha expedido 92 decretos, 33 de ellos son medidas de emergencia por la pandemia, pero ninguno hace referencia a la atención de migrantes. Denunció que los entes territoriales no tienen directriz en ese sentido. “Las familias migrantes son las más afectadas por la crisis, pues en su gran mayoría, el 90% depende de su trabajo informal y no cuenta con un registro en el sistema de seguridad social o el Sisben”, dijo a la vez que sugirió al Gobierno nacional realizar un decreto ley para asumir solidaria y responsablemente la atención de la población migrante en la pandemia.
En respuesta a los interrogantes formulados en la audiencia pública virtual, Felipe Muñoz, gerente de fronteras para la Presidencia de la República, afirmó que el Gobierno nacional viene trabajando de la mano con los gobiernos locales. “El tema de lavarse las manos es para evitar el contagio del covid-19, pero nadie se puede lavar las manos con el tema de la atención a los migrantes venezolanos porque es un tema de toda la sociedad colombiana”.
Sobre la inversión de los recursos para la atención de los venezolanos aclaró que el Gobierno colombiano ha recibido en los últimos tres años 130 millones de dólares, que no le son entregados a ellos directamente, sino a través de los organismos de cooperación internacional.
«El plan de la ONU solo lleva recogido el tres por ciento de los recursos. Aquí lo que hay es un problema de corresponsabilidad internacional, que están dejando sola a Colombia con el tema de la migración venezolana».
Felipe Muñoz, asesor presidencial para la frontera
¿Qué ha hecho el Gobierno en salud para los migrantes? “Protegerlos, aquí les estoy mandando los lineamientos en salud para atender a los migrantes con el covid-19. Hay una decisión del Gobierno de atenderlos, con la claridad para cada nivel de gobierno en identificación y atención de casos”, respondió Muñoz.
El gerente de fronteras aseguró que a los organismos de cooperación les dieron instrucciones precisas para privilegiar los programas de agua y para apoyar a la población vulnerable con transferencias monetarias. A pesar de que en la frontera cerraron algunos refugios por decretos municipales de los alcaldes de Pamplona y Bucaramanga, Muñoz informó que hay 27 albergues de migrantes que están funcionando.
Ante las acciones emprendidas por el Gobierno nacional señaló que siguen trabajando, y que gracias a ello hay 317 mil niños venezolanos inscritos en colegios públicos que están recibiendo el Programa de Alimentación Escolar en sus casas.
“Estamos mirando qué se se puede hacer con el tema de los arriendo ‘pagadiario’. Este no es un asunto menor, son 56 mil personas, cubrir eso costaría 20 mil millones de pesos. No hemos descuidado el tema, los tenemos ubicados. Pero si pagamos uno se los tenemos que pagar a todos en Colombia”, advirtió.
Por último, el gerente de fronteras enfatizó que el plan no es perfecto ni cubre a toda la población, pero va en la dirección correcta. “Seguiremos ayudando a los venezolanos porque es un imperativo ético, una responsabilidad histórica y una oportunidad para Colombia a mediano plazo. Tenemos que ser responsables en la forma cómo vamos anunciando las decisiones para hacerlo de manera ordenada. Los migrantes no están olvidados en el tema del covid-19 y es mi responsabilidad liderarlo, no de Migración Colombia, ellos son un organismo de control que no dan mercado ni pagan arriendos de migrantes irregulares ni aquí ni en ningún país del mundo”.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
