Solicitar refugio en Perú: un trámite que toma hasta 4 años

Su meta era salir de Venezuela. Su fecha tope: enero de 2018, pero Eduardo Martínez no pudo ahorrar y tuvo que esperar hasta mayo de 2019 para migrar a Perú. Como no podía optar por el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), solo estaba abierta la posibilidad de solicitar refugio en ese país. Sin embargo, no esperaba que su cita fuera programada para el 21 de marzo 2021 por el exceso de solicitudes que evalúa la Comisión Especial de Refugiados. A la fecha suman más de 320.000.

“Siento que quedé en el aire, en un limbo”, contó este joven de 35 años proveniente del Estado Vargas. “Es como estar aquí y no estar. Una situación que me hace sentir ilegal. Por eso, siempre llevo conmigo mi planilla de solicitud de refugio, porque no sé cuándo la policía me pueda parar”, agregó. 

Su caso no es aislado. Existen más de 89.000 citas pendientes para solicitar refugio en Perú, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Están programadas desde 2020 hasta febrero de 2022. Pero esa diligencia sólo marca el comienzo de otra larga espera, que inicia con una evaluación de cada caso para determinar cuál califica para recibir el estatus de protección internacional. Esta etapa puede durar en promedio dos años cuando no se manifiesta persecución política ni se trata de una persona en estado de vulnerabilidad.

Patricio Rubio, representante de la Comisión Especial para los Refugiados, no hizo comentarios sobre las demoras en las evaluaciones y el incumplimiento del plazo de 60 días establecidos por la Ley del Refugiado. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores compartió las cifras de lo que va del año y el panorama no es alentador, pues la demanda de solicitudes ha sobrepasado con creces la capacidad de respuesta del Estado. El reporte revela que, durante el transcurso de 2019, han recibido 158.311 solicitudes de refugio por parte de los venezolanos. Se negaron 548. Se aprobaron 497, lo que representa apenas el 0,3 por ciento.

Exceso de demanda 
 

Los resultados evidencian que Perú no estaba preparado para ser el primer país receptor de solicitudes de refugio dentro de la crisis migratoria venezolana. Este país apenas recibía cerca de 300 solicitudes al año antes de que iniciara la migración masiva, según explicó Federico Agusti, representante local de Acnur. Así que Perú no contaba con la infraestructura ni el personal para atender unos niveles de demanda que han alcanzado hasta 4.000 solicitudes de refugio en una sola jornada, tal como ocurrió el día antes de que entrara en vigencia la visa humanitaria el pasado 15 de junio.

El Estado ha hecho esfuerzos por responder a esta coyuntura. Incluso Acnur ha ofrecido apoyo financiero para mejorar las instalaciones, aumentar el número de los evaluadores y desarrollar un nuevo sistema para afiliar a los aspirantes. Pero la respuesta no deja de ser insuficiente.

Además, en la práctica la denominación de solicitante de refugio no ha facilitado la integración de los venezolanos en el Perú, pues no constituye un estatus migratorio que les permita trabajar o ingresar al sistema financiero.

Alejo Brito da fe de ello. En mayo hizo su solicitud de refugio, pero le asignaron su cita para el 23 de enero de 2020. Hasta ahora, ha trabajado como operador en una constructora, pero sin contrato ni beneficios laborales.

“En cualquier empleo te piden el PTP o el carnet de extranjería. La planilla de la cita no te la valida nadie. Ni siquiera la autorización de trabajo que otorga la propia Comisión Especial de Refugiados. Así que tuve que aceptar trabajar de manera informal, sin gratificaciones ni seguro médico”, dijo Brito.

Por suerte, reprogramaron su cita para el 28 de noviembre, un procedimiento que comenzaron a aplicar para agilizar el registro de los solicitantes. “Me da tranquilidad tener ahora el carnet de solicitante, porque cuento con algo para mostrar si me paran”, comenta este venezolano oriundo del Estado Bolívar, quien está en Lima con su esposa e hijo. “Sé que ahora debo esperar como dos años más para saber si califico o no como refugiado, pero espero que en ese tiempo las cosas cambien en Venezuela y podamos volver”.

Xenofobia institucionalizada 

Aunque regresar a Venezuela llena de esperanza a muchos extranjeros en Perú, ellos saben que la crisis no terminará en un futuro cercano. Perú ya prevé que para el próximo año el número de venezolanos llegará a un millón. Y Acnur calcula que este país -que concentra el mayor número de migrantes después de Colombia- requerirá 136 millones de dólares para enfrentar al fenómeno migratorio. 

Por eso, algunos consideran que el Estado debería avanzar hacia la regularización del proceso migratorio de esta población o considerar refugiados a todos los venezolanos como sugiere el Tratado de Cartagena (1984), que extiende el derecho de protección internacional a las personas que huyen por la violencia masiva de los derechos humanos.

Feline Freier, politóloga e investigadora de la Universidad del Pacífico en Perú, considera que dar ese paso sería ser consecuente con la iniciativa del Grupo de Lima, donde las autoridades denuncian claramente las violaciones de derechos humanos en Venezuela y el colapso de los servicios públicos. “México aplica Cartagena. Brasil en cierta medida. Colombia lo está evaluando. Lo que necesitamos en la región es que se pongan de acuerdo. Ningún país con flujo masivo como el Perú quiere aplicarlo, porque tienen miedo de que eso vaya a incrementar más la migración”. 

Para ella, a Perú le ha faltado coherencia en su política migratoria, porque afronta múltiples conflictos internos y las medidas tomadas no son acordes con la dimensión del problema. “La Comisión Especial de Refugiados trabaja en tensión con los intereses del Estado y los del Gobierno, que está buscando por todos los medios reducir el flujo de venezolanos. Eso tiene que ver con el cambio de la percepción pública y la representación de los venezolanos en los medios. En consecuencia, la política ha sido inadecuada, y los tiempos, inaceptables”.

El Gobierno de Martín Vizcarra maneja un discurso, completamente contrario al de su antecesor, que se centra en tres puntos claves. Primero, revirtió la política de puertas abiertas del anterior mandatario Pedro Pablo Kuczynski, al suspender el beneficio del Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Luego, reanudó la exigencia de pasaporte como único documento de entrada y después impuso visas para ingresar al país. Ahora, promueve la idea que los venezolanos inciden en el aumento de la delincuencia y refuerza el mensaje con operativos de expulsión. 

En ese panorama, Migraciones Perú ha sido enfático en que el número de venezolanos que ingresa al país ha disminuido y que cada vez es mayor la cifra de los migrantes que busca otro destino. En octubre, por ejemplo, se registró que entraron 5.563 y salieron 9.405. Mientras que en noviembre ingresaron 5.140 y partieron 9.814. Sin embargo, estos datos desconocen a las personas que entran por los caminos verdes (irregulares), quienes podrían aumentar con las nuevas restricciones migratorias.