La finalidad más común de la trata de personas es la explotación sexual. Le siguen la servidumbre y la esclavitud. | Por: MIGUEL GALLEZZO
Marta Pabón* sintió que la suerte estaba de su lado cuando, por medio de Facebook, consiguió trabajo en un hotel del centro de Bogotá. Se sentía afortunada en medio de los cerca de 1,8 millones de migrantes venezolanos en el país.
La dicha, sin embargo, se le volvió rabia. En cada turno debía trabajar cerca de 20 horas como recepcionista, cocinera o aseadora, todo a cambio de comida, wifi y una cama para dormir. Ni un peso de sueldo. La situación pasó de castaño oscuro cuando intentó salir y sus patrones no lo permitieron. Para entonces, ellos le habían quitado el pasaporte con el pretexto de que, como su estatus migratorio era irregular, podía ir a la cárcel.
Ese caso es apenas uno de los 124 conocidos por las autoridades colombianas durante 2019 que constituyen trata de personas. Es decir, el traslado de seres humanos de un lugar a otro con fines de explotación sexual, servidumbre, esclavitud, matrimonio servil o mendicidad, entre otros. A la cifra del año pasado habría que sumarle los casos no denunciados y los que están en etapa de investigación. Según el Ministerio del Interior, en 2016 se conocieron 75 casos, 91 en 2017 y 113 en 2018. Lo alarmante no son esas cifras, sino las que demuestran que la redes de trata de personas pusieron la mira sobre los migrantes en el país.
En cinco años, las víctimas venezolanas de ese negocio infame pasaron del 2 por ciento al 25 por ciento del total. Así, mientras que la tasa nacional se ubica en tres víctimas por cada millón de habitantes, la cifra se dispara cuando se aplica a la población migrante, que registra 18 víctimas por cada millón de habitantes.
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Fuente: Ministerio del Interior
La peor parte la llevan las mujeres de entre 15 y 24 años, a quienes atraen con falsas propuestas laborales. De acuerdo con el Ministerio del Interior, la explotación sexual fue la finalidad del 74 por ciento de los casos de trata de personas con migrantes venezolanos en 2019. De ese total, el 87 por ciento eran mujeres.
En eso coincide la Defensoría del Pueblo, que el 9 de junio emitió una alerta temprana sobre una banda transnacional de delincuentes conocida como los Venecos. Mediante engaños reclutan mujeres migrantes en ciudades venezolanas, como San Cristóbal, Ureña y San Antonio del Táchira, para llevarlas a zonas en el sur del departamento de Bolívar y obligarlas a prostituirse.
Sobre eso, precisamente, el Departamento de Estado de Washington le llamó la atención a Colombia en su más reciente informe sobre trata de personas, publicado en junio. “Aunque el gobierno de Colombia cumple con los estándares mínimos para atender el delito (…), no proporcionó servicios adecuados para el número creciente de víctimas identificadas y no tenía refugio disponible para adultos, que constituían casi el 90 por ciento de las víctimas identificadas”, dice el documento.
En efecto, si bien Colombia ha adoptado el protocolo de identificación de víctimas recomendado por las agencias internacionales, muchos funcionarios que trabajan en casos de trata no conocían este o ningún protocolo.
La oenegé Women’s Link Worldwide, que acompaña a migrantes venezolanas afectadas por el delito, también alertó sobre esta falla recurrente en los funcionarios policiales y de migración, sobre todo en las regiones fronterizas.
La abogada Selene Soto, miembro de esta organización, reitera que todas las víctimas de trata deben denunciar independientemente de su estatus migratorio. “Yo tuve mucho miedo, pero me atreví a denunciar. Usando el wifi que ellos me proporcionaban, envié un mensaje de auxilio. Al otro día, llegaron en unos taxis y me rescataron de ese infierno”, concluye Marta.
«El gobierno de Colombia identificó un mayor número de víctimas de trata; sin embargo, los esfuerzos de protección de las víctimas fueron superficiales e inadecuados»
Informe de Trata de Personas del Departamamento de Estado de EE UU, junio 2020
“Las restricciones migratorias aumentan el riesgo de trata de personas”
Carlos Pérez, oficial de prevención del delito de trata de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Viena, explica las vulnerabilidades de los migrantes, que aumentan el riesgo de caer víctimas de trata de personas.
PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA (P.M.V): ¿Por qué son tan vulnerables los migrantes venezolanos al ser víctimas de trata de personas?
C.P.: Los migrantes en general, no solo los venezolanos, llegan en condiciones de vulnerabilidad a los países de destino. El viaje por tierra, llegar sin documentos y con necesidades básicas insatisfechas los hace más vulnerables y hay personas que abusan de eso. De allí la importancia de las labores de prevención en los países de destino para atender esas vulnerabilidades y evitar que se conviertan en escenarios de riesgo.
P.M.V.: ¿Qué estrategias están utilizando las redes de trata para engañar a los migrantes venezolanos? C.P.: Por un lado, está el engaño mediante ofertas fraudulentas, por ejemplo, de empleo. Pero, por otro lado, también encontramos que el migrante conoce la situación a la que va, solo que la red de crimen organizado se aprovecha de su vulnerabilidad para explotarlo. Es decir, hay muchos migrantes a los que les ofrecen oportunidades de empleo en unas condiciones precarias y, a pesar de que conocen las condiciones, la vulnerabilidad en la que se encuentran los lleva a decir que sí, lo cual también constituye delito. En los últimos años, hemos identificado que muchas de las ofertas fraudulentas se están dando por redes sociales, con personas o empresas que organizan el traslado de los migrantes y terminan explotándolos.
«Un reto es la creación de sistemas de protección a las víctimas y a los testigos en los procesos penales. Y otro es la necesidad de contar con sistemas nacionales de información. En muchos países de América
Latina la respuesta a la trata de
personas se está dando sobre la
base de diagnósticos parciales
o desactualizados»
Carlos Pérez, oficial de prevención del delito de trata de la UNODC, en Viena
P.M.V.: ¿Qué prácticas ejercen las redes de trata de personas para mantener a las víctimas en la explotación a la que las están sometiendo?
C.P.: Con las autoridades hablamos del ‘hilo invisible’; es decir, las víctimas no necesariamente están encerradas o tienen una cadena o un confinamiento físico, sino que pueden existir amenazas, utilización de estupefacientes para doblegar la voluntad de las víctimas, retención de documentos o mensajes intimidatorios sobre la seguridad de sus familias en los lugares de origen. El victimario logra la disponibilidad de la víctima a través del uso sutil de formas de coacción.
P.M.V.: ¿El cierre de fronteras y la falta de regularización migratoria aumentan el riesgo de los migrantes a ser víctimas de trata de personas?
C.P.: Los cierres de frontera incrementan en general los escenarios ilícitos. Las medidas restrictivas a nivel migratorio incrementan la clandestinidad, en la que están el tráfico de estupefacientes, tráfico de combustible y, por supuesto, la trata de personas. Por otra parte, al no tener documentación pone en situación de vulnerabilidad a los migrantes y esto aumenta los riesgos de que un tercero abuse de esa situación y se configure la trata.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
