Esta semana fue nombrado el nuevo gerente de fronteras en medio de una pandemia, del cierre de fronteras de manera indefinida y de una crisis económica que ha llevado, entre otros, a un aumento del desempleo. Si bien un número estimado de 106.000 migrantes venezolanos ha retornado a su país, aún debe ocuparse de los más de 1.748.000 que están residiendo en nuestro país.
El nuevo gerente de fronteras tiene la difícil tarea de avanzar en una política migratoria incluyente. Difícil pues, la pandemia y las recientes movilizaciones han incidido en un aumento de la xenofobia hacia la población migrante y refugiada. Pero también porque, si bien se había avanzado en el tema de la integración socioeconómica de esta población, la pandemia ha significado un gran retroceso para la misma.
Además, como lo anunció el Director de Migración Colombia hace un par de meses, la población retornada a Venezuela iba a volver a Colombia acompañada de una o dos personas más. Y, desde que empezó la reactivación económica, los flujos migratorios en la frontera muestran que, en efecto, los venezolanos están retornando a Colombia como lo han registrado varios medios de comunicación en las últimas dos semanas.
Hoy en día la población migrante y refugiada en Colombia se enfrenta a una doble vulnerabilidad: por un lado, la generada por la pandemia en la que no solo han perdido sus fuentes de ingreso, sino que han visto vulnerados sus derechos, en particular el derecho a la salud y a la vivienda. Por otro lado, por su estatus irregular, ya que la falta de documentación les impide acceder a ciertas ayudas y servicios como, por ejemplo, al Ingreso Solidario.
Dicho esto, el nuevo gerente estará enfrentado a tres retos principales:
1) Seguir con el proceso de regularización de la población migrante y refugiada. El 57% de la población migrante proveniente de Venezuela sigue en situación irregular pese a una nueva medida tomada este año, el PEP-FF, expedido únicamente a 4.000 personas según los últimos datos de Migración Colombia.
La regularización debe estar encaminada a otorgar permisos de residencia temporal o permanente que sirvan como documentos de identificación válidos para asuntos como acceder a una vivienda, abrir una cuenta bancaria o poder acceder a la educación superior entre otros.
2) Obtener más financiación. La plataforma R4V reporta que solo se han alcanzado 36% de los requerimientos para la atención de la población migrante y refugiada. Estos fondos de la cooperación internacional son vitales para avanzar en el proceso de integración de esta población. Un desafío no menor para la gestión migratoria.
3) Contrarrestar la xenofobia. En el marco de la pandemia la percepción negativa hacia los migrantes se ha exacerbado. El gerente deberá enfocarse en planes de prevención de la xenofobia y la discriminación, pero también en espacios de integración social y cultural de la población migrante en los que participen las comunidades locales de acogida.
En todo caso, le deseo éxito en esta tarea difícil pero no por ello imposible.
*Stephanie López Villamil es investigadora y consultora en Migraciones Internacionales. Doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.
Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
La Alcaldía de Bogotá, en articulación con USAID, ofrece una jornada de orientación y acceso a trámites en la localidad de Ciudad Bolívar, para la población migrante venezolana y retornados colombianos, este 18 de febrero.
