Una angustia que no termina

“Yo me había ido de mi casa unos días antes porque ya sabía qué querían hacer conmigo. La persecución no iba a terminar con esa carta de destitución que me entregaron el 13 de enero de 2020. Como me había dicho la nueva fiscal superior de Venezuela, ese solo era el comienzo de las consecuencias de mis actos”.

Así comienza el relato de Ana*, una venezolana que se suma a los 17 mil solicitantes de refugio en Colombia. Con la vida dentro de un par de maletas y su hija de dos años en brazos, esta ciudadana tuvo que hacer lo que millones de sus compatriotas han buscado desde que la situación en Venezuela se tornó insostenible: huir del país que alguna vez les había dado todo. 

Tuvo que salir de Venezuela a inicios de 2020 por persecución política del régimen de Nicolás Maduro. Pasa sus días encerrada en una casa de algún municipio colombiano, huyendo de una política autoritaria que le robó sus esperanzas y protegiéndose de la pandemia generada por la covid-19, que tiene al mundo paralizado.

Tenía una carrera promisoria como fiscal del Ministerio Público en Venezuela. Fue designada en el 2013 por la exfiscal general de ese país Luisa Ortega Díaz —adepta al gobierno de Hugo Chávez y ahora una exiliada disidente del gobierno de Nicolás Maduro—. Aunque siempre intentó no inmiscuirse en política, esta se convirtió en la sentencia de Ana.

Los problemas empezaron desde su cargo como fiscal provisoria con jurisdicción en cinco municipios. Allí hizo todo lo que estuvo a su alcance para mantener el equilibrio. Sin embargo, no era lo que los alcaldes, de tendencia oficialista, buscaban para sus territorios.

Constantemente le solicitaban realizar aprehensiones arbitrarias a personas que en redes sociales emitían su opinión y descontento con los gobernantes. Incluso, la primera dama de uno de los municipios pretendía usar los actos conciliatorios para insultar a las personas que estaban en descontento con la gestión de su esposo. Ana se negó rotundamente, un evento que marcaría esos desencuentros que meses después la sacarían de su país.

«La Ley del Ministerio Público dice que nosotros no podemos evidenciar ningún tinte político. No nos debe importar si es rojo, chavista o de la oposición. Al final todo usuario necesita tener una respuesta y nosotros estamos en el deber de dársela. Así que simplemente fui trasladada por no pertenecer al oficialismo y no prestarme a sus actos arbitrarios»

 denuncia con molestia.

Los alcaldes se reunieron y pidieron su traslado. Ese era solo el inicio de sus problemas. En el año 2018 la ubicaron en una fiscalía de homicidios, donde encontró casos en que los victimarios presuntamente eran personas del gobierno regional. Uno de ellos fue el secretario de seguridad ciudadana, de quien se sospechaba era el actor intelectual de varios asesinatos. Sin embargo, sus superiores hicieron todo lo posible por obstaculizar su trabajo. Actuar en contra de esas personas nunca fue posible.

“Siempre me amenazaban y la persecución cada vez era mayor en los casos donde estaban relacionados el secretario de gobierno y el alcalde del municipio”, rememora Ana. “Me enviaban mensajes infundiendo temor y me amenazaban con mi remoción, ya que ellos tenían el poder y el enlace directo con el fiscal general Tarek William Saab”, añade.

Según un informe del Centro de Justicia y Paz de Venezuela, existen ocho patrones específicos de persecución política en ese país: apertura de procedimientos judiciales injustificados, persecución a través de medios de comunicación, destitución de cargos públicos, allanamientos irregulares a la propiedad privada, allanamiento a la inmunidad parlamentaria, inhabilitación política, usurpación de las funciones públicas y aquiescencias de actos violentos. Todas estas constituyen violaciones a los derechos humanos.

Ana fue víctima de varias de estas modalidades. Como se negó en repetidas ocasiones a publicar en sus redes sociales personales imágenes del fiscal Tarek o asuntos meramente políticos, fue perfilada como traidora de la patria e “infiltrada de la oposición”. Su desobediencia a las órdenes que consideraba injustas o corruptas empezó a cobrarle factura.

Le abrieron un proceso judicial en el que la relacionaban con un caso de extorsión, y posteriormente la destituyeron de su cargo. Aunque negó todo y presentó las pruebas pertinentes para demostrar su inocencia, en diversas ocasiones le hicieron saber que, si no renunciaba, igual la destituirían. Pero eso no fue todo. Constantemente la seguían funcionarios de la fiscal para amenazarla a ella y a su familia. “Donde sea que usted vaya la vamos a conseguir por traición a la patria”, llegaron a decirle incluso en la puerta de su hogar.

Temiendo por su vida y la de su familia, Ana terminó en Colombia en un giro inesperado. Su plan era ir a República Dominicana, donde tiene parte de su familia. Para eso debía llegar a Colombia y viajar hasta Haití, pues no contaba con la visa que exigen los dominicanos. Esperaba comprar los tiquetes hasta Puerto Príncipe tan pronto arribara a Colombia, pero sus planes se truncaron.

Nunca en su vida, esta abogada pensó en salir de su tierra. Aún en medio de la crisis, había conservado un trabajo medianamente estable. Llegar a Maicao, municipio de La Guajira colombiana, y ver a miles de personas migrantes pasando necesidades, la conmovió profundamente. “En la semana que llegué no se conseguían pasajes para Haití y mientras esperaba subieron de precio. Mi familia decidió ayudarme para completar el dinero y justo inició el aislamiento preventivo. Yo no venía preparada para vivir en ningún lugar de Colombia”, dice con gracia sobre la suerte que la asistió, que aún no decide si fue buena o mala.

La emergencia sanitaria declarada en Colombia por el nuevo coronavirus obligó a Ana a quedarse en el país. Con la constante preocupación de ser retenida por las autoridades colombianas al encontrarse en la lista de la Interpol, su única opción era la solicitud de refugio. Una acción que no fue fácil en medio de la pandemia, cuando la mayoría de las entidades no están funcionando presencialmente.

“En ese primer mes me metí mucho tiempo a la página de la Cancillería, pero no encontraba ninguna forma para hacer el registro o la solicitud de manera virtual. Fue demasiado difícil acceder al sistema o preguntarle a alguien cómo hacerlo. Estaba muy preocupada porque ya se iban a cumplir los dos meses límite para poder enviar la solicitud de refugio”, cuenta.

Se contactó con la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario, y fueron ellos quienes la orientaron en el proceso. Hasta el momento, radicó la solicitud pero no ha obtenido respuesta. En el país no existe un plazo establecido para responder las solicitudes de refugio. El plazo razonable en el que debe resolverse, según la Cancillería, dependerá de la información y documentación que el solicitante aporte y de la complejidad de cada caso.

Con el miedo que la persigue, Ana no ha salido ni una sola vez a la calle desde que llegó a Colombia el pasado 4 de marzo. Espera obtener una constancia de que está en proceso de solicitud de refugio para poder ingresar a su hija en los sistemas de salud y educativo. Descartó aplicar al Permiso Especial de Permanencia (PEP) pues, según el último decreto, este documento solo lo podrán solicitar quienes hayan ingresado al país hasta el 29 de noviembre del año pasado. Ana está en el aire.

En el mundo, cada dos segundos una persona se ve obligada a desplazarse como resultado de los conflictos y la persecución. Según Acnur, en Colombia hay solamente 140 refugiados y la Cancillería asevera que actualmente tramita alrededor de 18 mil solicitudes de refugio, cifras que contrastan con los 1,8 millones de venezolanos radicados en el país que, como Ana, en su mayoría se vieron obligados a dejar su tierra. El proceso parece ser un reto casi inalcanzable.

"La vida te cambia de repente. Estoy con una bebé y también le cambié la vida a ella. Realmente espero poder rehacer mi vida pronto", afirma Ana, quien alberga la esperanza de que se cumpla eso que alguna vez escuchó: que el refugio por persecución política se demora menos que otras solicitudes.

*Nombre sustituido para proteger la identidad de la persona que dio el testimonio.