La frontera de Norte de Santander con el estado Táchira es la más concurrida. La inseguridad y la violencia reina en los pasos ilegales. | Por: JUAN PABLO COHEN - LA OPINIÓN
La organización International Crisis Group, una ONG dedicada a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales, recomendó en su más reciente informe que las autoridades colombianas y venezolanas establezcan de manera urgente canales de comunicación para resolver incidentes violentos a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera.
El informe, denominado Desorden en el borde: mantener la paz entre Colombia y Venezuela, sugiere reabrir los cruces fronterizos formales según lo planeado por los gobiernos de ambos países, y a la vez aumentar la ayuda humanitaria para garantizar que los migrantes y refugiados estén sanos y puedan moverse con seguridad por estos territorios.
Como preámbulo del reporte, la organización señala que el crimen y la violencia han hervido a fuego lento a lo largo de la extensa frontera entre Colombia y Venezuela durante décadas. Pero el derrame regional del conflicto político y el colapso económico de Venezuela también han provocado que los lazos entre los dos estados se debiliten, en medio de cierres de fronteras, un éxodo de migrantes y ejercicios militares rivales.
Advierten que numerosos grupos armados chocan entre sí y hacen daño a los ciudadanos a lo largo de una frontera marcada por abundantes cultivos de coca y cruces informales, por donde atraviesan a diario cientos de venezolanos que huyen de la crisis humanitaria compleja de su país. "Las altas tensiones bilaterales podrían estimular la escalada de las hostilidades fronterizas al tiempo que perpetúan el maltrato de migrantes y refugiados cuyos movimientos han sido restringidos por la covid-19", resalta el documento.
Como un logro, Crisis Group destaca que durante la pandemia hubo un deshielo fugaz de las relaciones diplomáticas de ambos gobiernos, mediadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través del cual se estableció un canal de comunicación para intercambiar información sobre salud por la emergencia sanitaria.
Un cruce fronterizo informal cerca a Tibú. Diciembre de 2019, Norte de Santander, Colombia. Contrabandistas de combustible transportan varios bidones con gasolina venezolana hacia Colombia. Diciembre de 2019, Fotos: CRISISGROUP/BRAM EBUS
La investigación para este informe incluyó más de 110 entrevistas con expertos, funcionarios estatales, líderes comunitarios, residentes fronterizos, oficiales de policía y militares, criminales y contrabandistas. Se realizaron visitas de campo a ambos lados de la frontera colombo-venezolana antes de la pandemia, en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Vichada y Guainía del lado colombiano, y los estados Táchira y Zulia del lado venezolano. También se han realizado entrevistas telefónicas en ambos países desde marzo.
Críticos de la situación que se vive por el cierre de la frontera, la organización internacional asevera en el informe que lejos de resolver el problema, la clausura de los pasos fronterizos ha multiplicado los incentivos para la actividad delictiva.
Las regiones fronterizas de Colombia y Venezuela continúan sufriendo de una alta pobreza generalizada y acceso limitado a servicios básicos»
En relación con el fenómeno migratorio, el informe refiere que los migrantes y refugiados parten hacia Colombia a través de siete cruces formales y cientos de cruces informales. "Cerca de medio millón se han quedado en la frontera colombiana por falta de recursos o porque desean estar más cerca de casa, aunque las condiciones no son nada fáciles. Muchos de los pueblos fronterizos que han recibido a migrantes venezolanos son en sí pobres e inseguros, lo que genera tensiones laborales y episodios ocasionales de xenofobia", sostienen.
Los asentamientos informales, aseguran, se han extendido rápidamente para albergar a los refugiados venezolanos, así como a las personas desplazadas por el conflicto armado colombiano y a los colombianos que regresaron de Venezuela durante los meses críticos de la pandemia.
Crisis Group denunció que delincuentes colombianos y venezolanos dirigen redes de trata de personas, pero que agentes de la fuerza pública también están implicados. De acuerdo con la investigación, cuatro miembros de la policía metropolitana de Cúcuta fueron detenidos en agosto de 2019 por pertenecer a una de esas redes. "Si los cargos se mantienen, no será un incidente aislado en Norte de Santander, donde funcionarios de la fuerza pública y de migración colombianos presuntamente extorsionan a refugiados venezolanos por llevarlos a través de las trochas. Las mujeres que no pueden pagar son abusadas sexualmente y maltratadas", afirman.
Alertaron que según una fuente del gobierno colombiano, también hay casos de mujeres embarazadas que venden a sus bebés antes de que nazcan a cambio de lo que les ofrezcan en los cruces informales.
En los pueblos cercanos a la frontera —documentaron— se ha vuelto común ver a niños pidiendo monedas en los semáforos. "Los padres alquilan a sus hijos por el día a grupos delictivos y reciben unos $10.000 pesos colombianos (cerca de $2,80 dólares), más un promedio adicional de $5.000 pesos ($1,30 dólares) de las ganancias".
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Crisis Group denunció que los refugiados venezolanos son reclutados para ocultar y transportar pequeñas cantidades de oro a través de la frontera. Enero de 2020, Villa de Rosario, Colombia. Migrantes cruzan el Puente Simón Bolivar, pero mientras tanto, bienes y personas sin documentación cruzan el camino informal justo debajo del puente. Enero de 2020, Fotos: BRAM EBUS
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
