Las personas que migran desde Venezuela hacia Colombia y otros países viven diversas dinámicas migratorias relacionadas con múltiples realidades, panoramas y expectativas. Dentro de esos migrantes se encuentran las mujeres, grupo poblacional que presenta unos contextos particulares que muchas veces generan grandes peligros para la garantía de sus derechos.

En el desarrollo de la investigación de la Universidad del Rosario, relacionada con las mujeres provenientes de Venezuela, sean venezolanas, colombianas en retorno, con doble nacionalidad (colombiana y venezolana) u otra nacionalidad, se pudo conocer la existencia de distintos riesgos que han tenido y afrontan diariamente. 

En respuesta a unos derechos de petición enviados en el estudio, las autoridades colombianas presentaron reportes de hechos de violencia en contra de las mujeres e incluso también adolescentes y niñas, quienes en algunos casos hacen parte de la información para mujeres extranjeras y en otros de mujeres con nacionalidad venezolana. Se encuentra registros de homicidios, suicidios, presuntos delitos sexuales, violencias en N.N.A., violencia de pareja, violencia entre otros familiares, trata de personas interna y externa, entre otros.

Para darnos cuenta de la gravedad de estas situaciones, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene algunas cifras: para el 2014 un registro, para el 2016 - 2, para el 2017 - 10, para el 2018 - 39 y para el 2019 - 5, mientras que en el tema de suicidios se informa para el 2018 - 9 de mujeres extranjeras con nacionalidad venezolana, y 2019 un registro. Las cifras de los dos últimos años son preliminares.

En cuanto a la trata de personas, el Comité Interinstitucional de lucha contra la trata de personas reporta que para 2015 documentaron dos casos, en 2016, dos, en 2017, tres y el año pasado, nueve casos.

Dentro de los lugares de origen de las víctimas se encuentran Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Maturín, Carabobo, Yaritagua, Guárico, Macaraibo, entre otros; como lugares de tránsito Bogotá, San Martín, San Cristóbal, San Antonio de Cúcuta, Panamá, La Habana, entre otros y como lugares de destino final para la explotación de las personas, sitios en Colombia: Bogotá, Ipiales (Nariño), Tame (Arauca), Tunja (Boyacá), Casanare, Putumayo,  y lugares en  México (entre ellos Cancún), y en relación con las finalidades del delito aparecen registros de casos de explotación sexual, mendicidad ajena, servidumbre y otras.

Sobre la trata de personas también nos informaron de 16 mujeres de origen venezolano que han sido atendidas por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, entre el 2016 y el 3 de abril de 2019; en la mayoría de casos la edad de las víctimas está en el rango de 18 a 30 años y el lugar de destino para su explotación se ubicaba en Colombia. En relación con las finalidades de explotación se encuentra un 75% del número de casos relacionado con explotación sexual, un 19% con trabajos forzados y el restante 6% no registra finalidad.

Todas estas situaciones demandan una pronta acción coordinada desde los sectores gubernamental, no gubernamental, internacional, académico y empresarial, con el fin de establecer estrategias de protección integral para todas las mujeres migrantes.

Se requieren canales de articulación conjunta con sus respectivas herramientas prácticas para prevenir la ocurrencia de estos fenómenos, darles un acompañamiento efectivo a las mujeres migrantes -las cuales a veces incluso viajan acompañadas de otras mujeres, de niños y adolescentes o en estado de embarazo-, crear entornos de protección efectivos para las migrantes y sus familias con su clara participación, para escucharlas, conocer sus  contextos, necesidades y proyecciones.

Las líneas de atención gratuita para información y para comentar posibles situaciones de trata de personas son: 018000522020 y 122.

¡Contribuyamos a los migrantes y en especial a las mujeres, independientemente de su nacionalidad, sea que viajen solas, acompañadas, desde el primer momento de su gestación o con hijos!

*Abogada de la Universidad del Rosario y Magíster en Derecho constitucional de la Universidad de La Sabana.

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