En su discurso de comienzo de campaña Trump prometió una muralla entre México y Estados Unidos, reiterando la idea el 6 de julio de 2015, al afirmar que los mexicanos eran “gente con un montón de problemas, en muchos casos criminales, narcotraficantes y violadores”. Por esas mismas fechas, Maduro responsabilizaba a los colombianos por la escasez de alimentos y medicamentos, calificándolos como “bachaqueros”, paramilitares y sicarios.
El 21 de agosto de 2015, Maduro anunció la declaración del Estado de Excepción en seis municipios de Táchira. Días antes, había comenzado la deportación masiva de colombianos, que afectó a más de 20 mil personas, sin que para el momento estuviese suspendida ninguna garantía constitucional, lo que evidencia el carácter arbitrario de la medida.
Sin embargo, las deportaciones masivas de 2015 no surgieron de la nada. La Asociación de Colombianos en Venezuela ya contabilizaba unas 9 mil deportaciones desde octubre de 2014. En las semanas previas a las deportaciones, Maduro había afirmado que existía un proceso de “colombianización” de la delincuencia en Venezuela.
Como directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB) desde su fundación en 1999 hasta 2018, me correspondió crear el primer programa de asistencia jurídica integral para refugiados en Venezuela, siendo la población colombiana la principal usuaria de nuestros servicios. Desde allí me tocó confrontar a las autoridades venezolanas por temas como la no provisión de documentos para solicitantes de refugio y refugiados, la baja tasa de respuesta favorable a solicitudes (13%); la falta de acceso a los derechos a salud y educación y la nefasta invención de la categoría de “desplazados en tránsito” por parte del teniente coronel Hugo Chávez para desentenderse de sus responsabilidades frente a personas con necesidad de protección internacional.
El CDH UCAB fue la única organización de Venezuela que denunció las deportaciones masivas y la situación general de migrantes y refugiados ante instancias internacionales. Destrucción de viviendas y pertenencias, separación de familias, casas marcadas al mejor estilo de la Alemania nazi e irrespeto del principio de no devolución que ampara a los solicitantes de refugio, fueron algunas de las violaciones de derechos humanos documentadas entonces.
Agosto de 2015 permanece como un hito por haber marcado el comienzo de la inversión del flujo migratorio entre ambos países. Pero también permanece como recordatorio de una doble deuda; por una parte, por tratarse de un crimen que permanece impune dentro de Venezuela y por otra por la persistente invisibilización de los retornados en Colombia. La fecha debe servir también para llamar la atención sobre una preocupante semejanza entre algunos rasgos de la “política” de Venezuela en materia de migración y refugio y las inconsistencias de Colombia en la materia, las cuales es oportuno advertir y corregir.
Ligia Bolívar es la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela
Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial del Proyecto Migración Venezuela.
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
