La Registraduría Nacional insiste en que muchos de los ciudadanos colombo-venezolanos a quienes le anuló las cédulas no cumplían los requisitos para aspirar a la nacionalidad | Por:
El espinoso tema llegó hasta esa alta instancia que escuchó los argumentos de los abogados que defienden los intereses de quienes consideran que les están arrebatando, entre otras cosas, el derecho a la nacionalidad y son objeto de gravísimas vulneraciones personales.
El escándalo estalló en febrero pasado cuando un grupo de venezolanos, que asegura tener derecho a la nacionalidad colombiana por ser hijos de personas nacidas acá, denunció que la Registraduría les anuló sus cédulas de ciudadanía.
Hasta 42 mil de ellos serían víctimas de situaciones similares, y, en su momento, la Registraduría Nacional les respondió que no a todos ellos se les anuló el documento, y que a quienes sí se les anuló, fue como consecuencia de una revisión que sugería que no cumplían los requisitos para optar por la nacionalidad colombiana.
Comenzó entonces un largo debate para exigir una explicación que, según muchos de ellos, no los satisfizo y por eso decidieron llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, máximo escenario continental del tema que escuchó sus argumentos en una audiencia temática.
En la sesión, los abogados de la Red de Litigio Estratégico en Migración, entre ellos Laura Dib, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de Los Andes, le explicaron a la Comisión la grave afectación que, según sostienen, sufrieron quienes fueron víctimas de la anulación de su cédula colombiana.
« Hemos identificado una serie de vulneraciones al debido proceso en estos procedimientos de anulación: indebida notificación del inicio, imposibilidad de presentar descargos o defensa frente a estos procedimientos y luego su falta de individualización, que a menudo contemplan hasta 50 personas en un mismo acto administrativo».
Laura Dib, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de Los Andes.
Los juristas hicieron énfasis ante la Comisión en que, en la práctica, esa afectación implica restricciones que van desde la imposibilidad de votar en las pasadas elecciones regionales y presidenciales, hasta ver vulnerados derechos básicos.
“Ha acarreado para estas personas no solamente una arbitraria privación de la nacionalidad colombiana, sino que ha derivado, en muchos casos, en la desafiliación del sistema de salud, en la imposibilidad de continuar en un trabajo, en un colegio, en una universidad”, señala Laura Dib.
Los juristas también le explicaron a la Comisión la importancia de que el Estado colombiano explique detalladamente las motivaciones de la decisión y la anule para que los afectados puedan disfrutar nuevamente de un derecho que consideran adquirido, por cuenta del origen colombiano de sus padres.
La Comisión le pidió al Estado colombiano explicaciones sobre el proceso de revisión de expedientes y la comisión arbitrariedades, y le hizo un llamado a respetar el debido proceso.
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