La llegada de la nueva alcaldesa Claudia López en enero de este año generó cierta expectativa con respecto a la posibilidad de una mayor inclusión de los migrantes y refugiados venezolanos en la ciudad de Bogotá, primera receptora de esta población, con más de 350.000 personas, según datos de Migración Colombia. Lo cierto es que el primer desacierto de la alcaldesa refiriéndose a la población migrante y refugiada al comienzo de la pandemia dejó un sinsabor en lo que vendría en adelante, y ya han pasado seis meses desde que se posesionó.
Sin duda, la covid-19 llegó de manera inesperada a los hogares de muchas personas migrantes y refugiadas vulnerables que han sido desalojadas de sus viviendas y se encuentran en situación de calle. Frente a esta crisis, la solución dada por el Distrito fueron los albergues temporales y, en algunos casos, como en el separador de las Américas, el desalojo de manera violenta de quienes allí se encontraban. En junio, la Red en Movimiento, integrada por académicas y organizaciones de la sociedad civil preocupadas por las personas que se encontraban en el separador de la Autopista Norte viviendo en carpas, emitió un comunicado de prensa solicitando la intervención de la Defensoría del Pueblo y el acompañamiento de otras entidades para la atención de esta población.
Más allá de este contexto de pandemia y de las acciones del Distrito encaminadas a la atención humanitaria, Bogotá debe asumir la inclusión de la población migrante y refugiada. El Plan de Desarrollo Distrital era la oportunidad para ello y para la creación de una política migratoria distrital que respondiera algunas preguntas como ¿Qué debería hacer una ciudad como Bogotá para aprovechar la mano de obra proveniente de Venezuela? ¿Qué actividades podrían implementarse con las comunidades locales para la integración de la población migrante y refugiada? ¿Cómo empezar a elaborar una política incluyente? Entre otras.
Sin embargo, el Plan propuesto por la administración actual se queda corto en dar respuestas: se menciona en el abordaje de atención en salud para la población migrante irregular (que es una directriz del gobierno nacional), en el programa sobre prevención de la exclusión y en la política de educación inclusiva con enfoque diferencial. Pero, ¿a parte de la atención en salud qué pasa con aquellos que no tienen documentación? ¿Cómo pueden acceder a los programas sociales que ofrece el Distrito? ¿Están estos limitados a aquellos que tienen cédula de extranjería o PEP?
Estas y muchas otras inquietudes nos deja el Plan de Desarrollo ya aprobado en el Concejo. Más allá de las acciones que se plantean allí, Bogotá debe pensar en una estrategia de inclusión socio-económica y cultural de la población migrante y refugiada venezolana. En esta estrategia, el gobierno distrital debe articularse con la ciudadanía, la academia, las oenegés, los colectivos de migrantes, la cooperación internacional y el sector privado. Bogotá tiene la oportunidad de liderar la construcción de una política local migratoria incluyente, ojalá no la desaproveche.
*Stephanie López Villamil es investigadora y consultora en Migraciones Internacionales. Doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.
Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
