Cerca de tres y medio millones de colombianos en Venezuela, un millón cuatrocientos mil de migrantes venezolanos, aproximadamente medio millón de compatriotas retornados y una frontera en la que confluyen, y de la que dependen, más de once millones de ciudadanos de ambas naciones conforman el panorama de movilidad humana que enfrenta el país. Y todo en medio de un contexto de alta inestabilidad. Por un lado, Colombia se encuentra entre la reacomodación de los actores del conflicto y el postacuerdo con las Farc y, por el otro, Venezuela se hunde en una crisis multidimensional y entre dos gobiernos que no logran resolver los problemas de la población.
Como Estado, Colombia ha venido respondiendo de forma reactiva a esta realidad que lo sobrepasa, sobre todo gracias a la labor de organizaciones de la sociedad civil y de la iglesia católica, que se han convertido en la primera línea de respuesta, de contención humanitaria. Del otro lado, el Gobierno nacional ha logrado infundir un abordaje sustentado en la solidaridad y respaldado en medidas temporales, mientras que los gobiernos regionales y locales han asumido la mayor carga, y a punta de ensayo y error, han intentado minimizar los impactos sobre sus poblaciones. El Estado colombiano, sus gobernantes, pero sobre todo su sociedad civil, son hoy un referente de migración en el mundo.
Colombia es un país expulsor, un país de tránsito, un país receptor, un país en el que confluyen los diferentes tipos migratorios globales, pero que también tiene sus propios fenómenos como la migración pendular, de la que cada vez dependen más venezolanos que vienen y van para abastecerse o lograr atención en servicios. No obstante, tampoco deja de ser el país que sacó de sus hogares a más de siete millones y medio de sus ciudadanos, y en el que aún hoy persiste el desplazamiento.
El Estado colombiano demanda con urgencia una política migratoria integral que le permita hacer frente a la crisis que vive actualmente, pero que a su vez establezca las bases para enfrentar los fenómenos de movilidad que se encuentran en constante ebullición, que incluso se prepare para escenarios futuros en los que la migración sur-sur tendera a crecer. Por ejemplo, cómo enfrentar un eventual escenario en el que las caravanas centroamericanas cambien de dirección por las políticas restrictivas y de persecución de los Estados Unidos y empiecen a apelar por un objetivo en el sur del continente.
Dicha política migratoria debe tener como uno de sus puntos fundamentales un marco legal acorde a los retos, una ley migratoria con principios y bases claras pero lo suficientemente flexible para adaptarse a un fenómeno cambiante. Desde la llegada de Iván Duque a la presidencia, el Canciller Carlos Holmes Trujillo anunció que el gobierno presentaría un proyecto de ley migratoria, el cual se entregó el pasado 24 de julio. Después de un año de trabajo y consultas entre las diferentes instancias del gobierno central, ahora el proyecto está en manos del Congreso donde inicia su discusión en un ambiente de contienda electoral local y en medio de una creciente precepción negativa del fenómeno migratorio.
Otras iniciativas sobre el tema migratorio han llegado al Congreso, una centrada en la diáspora colombiana en el exterior, otra enfocada en los riesgos de apatridia a los que el gobierno venezolano está supeditando a los niños, y otras que solo pretendían pescar en el momento político. Del otro lado el proyecto del gobierno fue construido desde una perspectiva centralista, sin un diálogo con las regiones, y en medio de gran reserva.
Quizá no es el mejor momento para debatir una ley migratoria, las dificultades y retos que ha significado el fenómeno en los municipios y departamentos hacen que el tema se politice y polarice en medio de las elecciones locales de octubre. No obstante, la falta de un marco legal claro hace que el tema se quede en lo contingente, en lo humanitario, en lo temporal. Es necesario empezar a trabajar en las condiciones políticas y sociales necesarias para construir el consenso requerido para la elaboración de esa nueva ley migratoria, desde la comunidad de actores políticos, pero también en la sociedad colombiana en su conjunto.
Se requiere una educación para la migración y así poder comprender las dinámicas del fenómeno, es por ello que el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y medios de comunicación aliados, como el Proyecto Migración Venezuela de Semana, ponemos en consideración de los Congresistas y de la sociedad colombiana cinco breves documentos durante el segundo semestre de 2019 para el abordaje del tema, el primero de ellos: Las migraciones en el contexto colombo-venezolano.
POR: RONAL RODRÍGUEZ
Vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario
Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
