La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) es una de las más importantes del país, dado que recaba información de manera continua de la población residente en Colombia. Esta encuesta pone el foco en el mercado laboral, es decir, permite saber si las personas están desempleadas, son inactivas u ocupadas; qué tipos de empleos tienen, en qué sectores, qué ingresos perciben por estas actividades, etc.

Además, es una encuesta clave porque brinda información para la caracterización sociodemográfica de los hogares y de las condiciones de sus viviendas, y tiene un módulo que captura estas características para los migrantes. Otra de sus bondades es que su representatividad es nacional y sus resultados son desagregados por área (urbano – rural), departamentos y las 23 principales ciudades del país. Desde que inició la pandemia en Colombia, todo el mundo tuvo que hacer ajustes y tratar de reinventarse.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), encargado de esta encuesta, no estuvo exento de esto. Al verse ante la imposibilidad de mantener un operativo de campo presencial, dadas las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el Gobierno nacional, en el mes de marzo tuvo que dar un vuelco y, en muy corto tiempo, cambiar la metodología de la GEIH: recortó su extenso formulario y pasó de una encuesta presencial a una telefónica. Estos cambios han arrojado resultados razonables de cobertura y comparabilidad, y permitieron darle continuidad a la encuesta, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia.

Lo que resulta preocupante es que, desde febrero de 2020, el DANE no ha vuelto a publicar los indicadores laborales de los migrantes, con lo cual se presenta un hueco en la serie estadística para esta población. Este vacío inquieta, debido a que no se cuenta con información suficiente para conocer cuáles son los impactos y afectaciones de la coyuntura del coronavirus sobre los migrantes, que constituyen uno de los grupos más vulnerables ante choques económicos.

Antes de la emergencia sanitaria, las cifras de mercado laboral para los venezolanos radicados en el país ya eran estructuralmente diferentes a las de los colombianos: para febrero de 2020, mientras que el desempleo para los nacionales era del 10,4 por ciento, el de los venezolanos era del 14,1 por ciento, según cálculos del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela a partir de la GEIH.

Por su parte, la tasa de informalidad era del 90,2 por ciento para los migrantes, mientras que rondaba el 60 por ciento para el resto de la población. En cuanto a la afiliación a seguridad social en salud, para los colombianos esta era del 94,2 por ciento, en contraste con un 23,2 por ciento para los venezolanos. Estas cifras muestran una precariedad preexistente en materia laboral para la población migrante que debió agudizarse con el actual parón económico. Por eso las alarmas deben encenderse, dado que, sin estadísticas, a ciegas, no es posible diseñar medidas precisas.

La información de la GEIH es esencial para tomar decisiones de política y ver cómo, en el mundo pospandemia, se integra productiva y económicamente a la población migrante, de la mano con el sector privado.