Además de garantizarles el derecho a la educación, los colegios son espacios seguros para los niños migrantes. | Por: ESTEBAN VEGA | SEMANA
Recientemente, Human Rights Watch alertó sobre los riesgos que enfrentan los niños en el Catatumbo. Según el informe de la organización, “las niñas y los niños migrantes venezolanos en el Catatumbo que no van a la escuela enfrentan mayores riesgos de reclutamientos por parte de grupos armados”.
Los testimonios recopilados en la zona revelaron que los grupos armados que se disputan el control del narcotráfico reclutan a los menores con promesas de dinero y, en otros casos, con amenazas de atentar contra sus familias. Human Rights Watch también lanzó alertas sobre la trata de niñas con fines de explotación sexual y el riesgo que enfrentan los profesores, pues la presencia de actores armados limita su trabajo, ya que muchas veces se ven obligados a cancelar clases y cerrar escuelas por los enfrentamientos.
“La situación de orden público dificulta nuestro trabajo”, dijo la secretaria de educación de Cúcuta, Doris Angarita. La funcionaria señaló que los constantes enfrentamientos en poblaciones fronterizas dificultan la asistencia a clases. Además, la situación de la capital nortesantandereana es particular porque recibe a población migrante, desplazada y víctima del conflicto. “Prácticamente toda la población que tenemos en el sistema educativo está en situación de vulnerabilidad”, concluyó.
La situación de orden público preocupa a las autoridades en otras zonas de frontera, como en Arauca, donde se han identificado casos de reclutamiento infantil. En municipios como Saravena y Arauquita, los grupos armados se convierten en una alternativa para obtener recursos, debido a las difíciles condiciones económicas que atraviesan los migrantes.
El salón de clases protege a los niños del reclutamiento forzado y de otras vulneraciones a sus derechos, como abuso o explotación sexual, consumo de sustancias psicoactivas y la trata con fines de mendicidad. Además de ser un refugio, “las instituciones educativas permiten identificar otros tipos de vulneraciones que pueden estar sufriendo los niños”, dijo Karen Molina, gerente de la oficina de Save the Children en Arauca.
Lejos de la frontera, Bogotá es la principal ciudad receptora de la migración, que alberga a 313.528 venezolanos. En la capital, la educación para los niños venezolanos también hace parte de la estrategia de prevención de la mendicidad infantil. Así, durante los operativos que realiza la Alcaldía para sacar a los niños de las calles, la Secretaría de Educación ofrece cupos en los colegios distritales.
En Bogotá están matriculados 25.378 estudiantes provenientes de Venezuela. Actualmente 20 instituciones en 14 localidades con gran población venezolana son el escenario de un proyecto piloto de sensibilización para promover la integración y prevenir la xenofobia.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
