Esta semana, el éxodo venezolano que se inició en 2015, del que Colombia es el mayor receptor, tuvo unos hitos sin antecedentes. Por primera vez el número de migrantes radicados en el país disminuyó. Mientras que en febrero de este año había 1.825.000, para el 31 de marzo la cifra bajó a 1.809.000. Y muy probablemente siguió cayendo en abril y mayo, pues durante la pandemia se estima que unas 70.000 personas han retornado a Venezuela.
Además, la Unión Europea coordinó junto con la Embajada de España la llamada Conferencia de Donantes, que reunió desde todas las latitudes ayudas por más de 2.500 millones de euros, una cifra que en alguna medida da un respiro ante la segunda peor crisis migratoria del mundo, después de la de Siria.
Sin embargo, todo parece indicar que esas noticias, lejos de anunciar el comienzo del fin de la crisis humanitaria, podrían ser apenas asuntos coyunturales que se revertirán en los próximos meses. Por la precaria situación de Venezuela, que se agrava por el coronavirus, ya varios investigadores y autoridades han vislumbrado una nueva ola migratoria hacia Colombia cuando se reabra la economía.
La doctora Kathleen Page, quien realizó una investigación con Human Rights Watch sobre la situación sanitaria del país vecino, explicó que “la imposibilidad de Venezuela para hacer frente a la pandemia de covid-19 podría provocar que más personas intenten irse del país. Esto desbordaría aún más los sistemas de salud de los países vecinos y pondría en peligro más ampliamente la salud en la región”.
Recientemente, el presidente Iván Duque afirmó sobre Venezuela que “la poca certeza sobre la información de contagios y de decesos puede constituirse en una bomba de tiempo, donde ante las carencias, eventualmente se van a presentar más presiones sobre los países limítrofes”.
El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, ratificó con una cifra contundente esta idea de que la migración de venezolanos no parará. La entidad estima que aproximadamente 80 por ciento de las personas que han vuelto a Venezuela durante la pandemia regresarán a Colombia y lo harán con sus familias.
La explicación no solo recae en los temas sanitarios, sino también en la crisis económica que persiste y que se ha agravado en los últimos meses a causa del coronavirus. Como la mayoría de los países declararon cuarentenas, los migrantes venezolanos han visto reducidos sus ingresos, lo que implica menos remesas que permitían el sustento de múltiples familias en Venezuela.
Adicionalmente, la caída de los precios internacionales del petróleo reduce los recursos del régimen para atender la emergencia y brindar subsidios de manutención. Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de venezolanos, que según diversos reportes ya tienen graves índices de desnutrición.
De hecho, Eduardo Soto, director del Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela, asevera que con el coronavirus la situación ya está empeorando. “El Gobierno está dando unos bonos para alimentos, pero no son suficientes y no sabemos hasta cuándo pueda darlos. Ya tenemos reportes de muchas personas que están comiendo solamente dos comidas líquidas al día”, dice con preocupación sobre la posibilidad de que estas familias decidan migrar por las carencias.
¿UNA CRISIS DESFINANCIADA?
Esta nueva ola migratoria preocupa porque los países de acogida siguen sin los recursos suficientes para atender a la población venezolana. La Conferencia Internacional de Donantes logró destinar montos por 2.500 millones de euros, pero solo 595 millones fueron donaciones; el resto consiste en cupos de crédito. Esta cifra, más lo que ya habían aportado los cooperantes internacionales hasta mayo, solo llega a la mitad de lo que requería la región para 2020, estimado en 1.407 millones de dólares por las agencias internacionales.
Pero el problema no termina allí. Aún nadie sabe en cuánto tiempo llegarán las donaciones, ni cómo las distribuirán entre los países. Colombia, justo antes de la Conferencia de Donantes, solo tenía financiado el 7,4 por ciento de sus necesidades, estimadas en 782 millones de dólares por el Plan Regional de Respuesta para Migrantes y Refugiados 2020. Y ahora, con una nueva ola migratoria a la vista, la presión económica podría ser mucho mayor.
La embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, reiteró el compromiso de que un buen porcentaje de los recursos lleguen al país por ser el mayor receptor. Además, explicó que el organismo internacional destinará dineros para atención humanitaria dentro de Venezuela y seguirá buscando una solución política a la crisis. Este mensaje es importante porque actualmente la UE es uno de los principales cooperantes y en la Conferencia de Donantes comprometió 144 millones de euros adicionales.
« Esta no es una crisis olvidada. Desde la Unión Europea estamos ejecutando cientos de programas para ayudar a los migrantes y a las comunidades de acogida, vamos a agilizar la llegada de los recursos que hemos comprometido y seguiremos haciendo esfuerzos para aportar dineros de cooperación y acompañar un proceso político que permita resolver la crisis que vive Venezuela».
expresó la diplomática Patricia Llombart
En los meses siguientes se verá si los Estados destinarán nuevos recursos para atender esta crisis tanto dentro de Venezuela como en los países de acogida. Las perspectivas, sin embargo, no son las mejores, pues los efectos económicos de la pandemia ya afectan a todo el mundo.
Por ahora, Colombia deberá prepararse con los recursos que tiene para asumir lo que viene y persistir en la búsqueda de cooperantes. Como dice Ronal Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “por más que se militarice la frontera, los venezolanos van a tratar de salvar sus vidas huyendo de su país. Seguirán cruzando por pasos informales y los militares no le pueden disparar a gente que viene buscando ayuda médica ni el Estado colombiano se podrá quedar parado viendo morir a seres humanos del otro lado de la frontera”.
Patricia Llombart, embajadora de la Unión Euroepa en Colombia.
El programa Empropaz ha apoyado a más de 176.000 personas de 92 municipios, en 17 departamentos, afectados por la violencia y la pobreza, con gestión para el emprendimiento, fortalecimiento empresarial y finanzas productivas.
