Los ‘casos importados’ son el nuevo comodín en el vocabulario de los dirigentes del régimen venezolano en medio de su gestión frente a la covid-19. Nicolás Maduro y, en especial, su vicepresidenta y su ministro de Comunicaciones se han encargado de impulsar una estrategia que presenta a los venezolanos retornados por estos días como los principales vectores de contagio de la enfermedad. En sus alocuciones diarias se presenta la contabilidad de los ‘repatriados’ —palabra a todas luces utilizada con un objetivo estratégico— desde Colombia, Brasil, Perú y otros países de la región. Según ellos, estos casos multiplican estadísticamente los ‘contagios comunitarios’, a través de individuos que no han tenido contacto con personas provenientes del exterior.

Esta no es solo una estrategia cínica, como ha sido el tratamiento general de la movilidad humana originada en Venezuela por parte de un régimen que niega su propia existencia. Esta es, también, una conducta que puede llegar a ser efectiva para los intereses de sus líderes. Y al final, como suele ser en estos casos, los principales afectados son los migrantes y las comunidades de origen y recepción.
 

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El cinismo está en las denuncias de medios, como el Proyecto Migración Venezuela, sobre las condiciones de hacinamiento e insalubridad a la que los retornados deben enfrentarse durante la cuarentena obligatoria a su llegada. Pero también está en la forma como los líderes del régimen convierten a los retornados en sujetos de vigilancia especial, no solo por parte de las autoridades sino de la misma ciudadanía venezolana.
 

Mientras se jactan en público de abrirle las puertas a quienes en el pasado han sido calificados de traidores, en el subtexto se encargan de transmitir una alerta diferenciadora al resto de la población, ya preocupada por las consecuencias de la pandemia. El régimen juega así con las expectativas de miles que ya se han enfrentado la xenofobia, los desalojos y el desempleo, y que, una vez en Venezuela, comienzan a encontrar la discriminación de sus propios connacionales, como se reporta ya en redes sociales.
 

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Además, hablar de ‘casos importados’ es básicamente una perogrullada. Hoy, con todos convertidos en ‘expertos’ epidemiólogos, sabemos que la covid-19 se transmite a través del contacto humano, algo inherente a la movilidad humana. Si estuviéramos en otro momento de la historia, quizá, se podría utilizar la hoy casi olvidada teoría del miasma, una contagiosa y misteriosa nube que se encargaba de transportar enfermedades, para refutar a Maduro.

Pero hoy, cuando contamos con algo de certeza sobre la forma de trasmisión de la enfermedad, persona a persona, podemos develar el interés político del régimen al señalar a los migrantes como vectores de transmisión. El régimen recurre —como suele hacerlo— a un chivo expiatorio como elemento central para sostener la que es presentada como una exitosa estrategia frente a la pandemia, pese a que a diario surgen nuevos indicios sobre manipulación de información y de las limitaciones del tipo de pruebas usadas para identificar nuevos casos. Así, los retornados son instrumentalizados para aumentar la opacidad sobre las capacidades reales del régimen para controlar la enfermedad.

Lo más difícil de todo es que la estrategia puede ser rentable para el régimen. No porque los migrantes y ciudadanos seamos entes desposeídos sin capacidad de darnos cuenta de cómo se entretejen estas estrategias en nuestras narices. Les puede dar resultado porque entre el desborde de la pandemia en lugares de origen de los retornados como Brasil y Perú —antagonistas del régimen—, la interlocución con Colombia limitada a la Organización Panamericana de la Salud —un ente con capacidad de movilización política limitada— y la inexistencia de una fuerza opositora sólida —confirmado luego de la infame Operación Gedeón—, el gobierno Maduro se convierte en el único faro durante la pandemia para millones de ciudadanos que viven en Venezuela, ya sea por descarte, omisión o, incluso, por el renovado y genuino apoyo de unos cuantos.

Desafortunadamente, los migrantes se convierten una vez más en un objeto, en una mercancía si se quiere, que se quita, se manipula y se pone a voluntad, como herramientas para justificar la acción política. En Venezuela esta es casi una estrategia de Estado. Pero el asunto no se queda en la enésima denuncia al régimen. En los demás países de la región se seguirán sintiendo las consecuencias de la pandemia y muchos se verán tentados a recurrir a este tipo de prácticas.

Desde la sociedad civil estamos llamados a encontrar respuestas y mecanismos de acción, incluso cuando las condiciones de nuestros gobiernos están limitadas. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que en el mundo de la covid-19 en el que ya vivimos, la movilidad desde Venezuela continuará dentro de patrones de circularidad que sobrepasan los cierres de frontera en momentos de excepción o la infructífera ruptura de relaciones entre países. El reto es mantener nuestra humanidad y juicio frente a una nueva arista que se suma a algunas de las disyuntivas más críticas del asunto migratorio, como el tráfico, la trata, la irregularización, la xenofobia y la discriminación de las poblaciones migrantes como vectores de transmisión de enfermedades.
 

Mauricio Palma

Investigador Doctoral de la Universidad de Warwick (Inglaterra)

Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial del Proyecto Migración Venezuela.