Colombia se ha convertido en el primer país receptor de población migrante venezolana en el mundo. De los 5,2 millones de venezolanos que han salido de su país, el 35 por ciento se encuentra en suelo colombiano. Para hacer frente a este fenómeno, el Gobierno nacional ha tomado medidas entre las que se incluye la creación de múltiples permisos que permiten el control tanto de la migración pendular como de la migración en tránsito y con vocación de permanencia en el país.
El más conocido es el Permiso Especial de Permanencia (PEP), documento de identificación que se creó en el 2017 y les permite a los venezolanos permanecer en el país en condiciones de regularización hasta por dos años y acceder a salud, educación, trabajo, entre otros derechos. A la fecha, el PEP cuenta con ocho olas y un total de 689.766 permisos expedidos, según Migración Colombia.
Los PEP, en sus diferentes tipos, son medidas temporales pues, dada su naturaleza jurídica, buscan autorizar la permanencia de los venezolanos que se encuentren en el territorio nacional sin intención de establecerse, razón por la
cual no equivalen a una visa ni permiten acumular los años necesarios para solicitar la residencia.
Esta realidad de los PEP resulta en un contrasentido, dado que la migración venezolana tiene, en su gran mayoría, vocación de permanencia en el país, como lo presenta la encuesta realizada por el Proyecto Migración Venezuela, en febrero de 2019, a 1.500 migrantes venezolanos, de los cuales el 37 por cient o respondió que no planea volver a su país. Además, dentro del 55 por ciento que afirmó que sí lo planea, ocho de cada diez dijo que lo harácuando la situación mejore.
Esto solo corrobora que la migración proveniente de Venezuela no es un fenómeno de corto plazo; es estructural y llegó para quedarse. El Gobierno nacional debe tomar medidas que respondan a esta nueva normalidad, que sean de largo plazo y permitan dar garantías a los migrantes para acceder a derechos y así lograr su integración en la sociedad colombiana.
Hoy, el país tiene una alta dispersión de instrumentos de regularización que hacen complejo el proceso de acogida de la población migrante y dificultan su apropiación por parte del colombiano de a pie. Los migrantes siguen enfrentando barreras como que no les acepten este documento para abrir una cuenta bancaria, para conseguir un crédito, para montar un negocio o para acceder a otros bienes y servicios básicos.
Para evitar esta dispersión, el Gobierno nacional debe unificar y condensar en uno o pocos instrumentos de regularización esta multiplicidad de permi-
sos. Así mejorará el control y la identificación de la población
migrante y podrá acelerar la regularización de ese otro 57 por ciento de venezolanos que en la actualidad se encuentran en condición irregular. No más
de PEP, PEPFF, PIP, PEP-E, etc. Los venezolanos están cansados de las siglas incomprensibles y solo quieren poder hacer una vida en Colombia.
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
