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La reapertura fronteriza implica, según los expertos, que los Gobiernos de ambos países comiencen a trabajar conjuntamente para acordar temas puntuales que permitan la garantía de derechos de las personas venezolanas migrantes y refugiadas, de los retornados colombianos y las comunidades de acogida en la zona.
Expertos consultados por el Proyecto Migración Venezuela coinciden en afirmar que el éxito de la sostenibilidad de la reapertura para no solamente por el despegue de la economía, sino, además, por acuerdos duraderos y firmes en torno al manejo del fenómeno migratorio.
“Es una noticia que nos va a permitir a los colombianos tener un mejor registro de los migrantes venezolanos, para de esa forma poner en marcha el Estatuto Temporal de Protección a Venezolanos de una manera más eficiente”, explica Sandra Borda, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes.
“Fundamentalmente se ha fortalecido la presencia del ELN en buena parte de la frontera colombo venezolana; en estos siete años de ruptura todas las estructuras ilegales han ganado más fuerza en la frontera, controlando el flujo de población, de mercancías, de los pasos de narcotráfico, entre otras dinámicas”, sostiene Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación.
“Un proceso de concertación entre ambos Estados para combatir abierta y frenteramente a estos grupos criminales que operan esa zona de frontera, que se aprovechan del desentendimiento que ha predominado en los años recientes entre Colombia y Venezuela, y que gracias a que ningún Estado tiene una presencia permanente, coordinada y concertada, han logrado establecer un monopolio del uso de la fuerza en esa zona de la frontera.
En ese sentido, aseguran, es clave que ambos Gobiernos lleguen a consensos sobre la forma en la que se manejará el flujo migratorio de personas venezolanas que salen de su país de manera acelerada; las cifras más recientes calculan que entre 1500 y 2000 personas abandonan Venezuela a diario.
El programa Empropaz ha apoyado a más de 176.000 personas de 92 municipios, en 17 departamentos, afectados por la violencia y la pobreza, con gestión para el emprendimiento, fortalecimiento empresarial y finanzas productivas.
