En días pasados, el Gobierno hizo un anuncio histórico y valiente: el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV), que permitirá la regularización masiva de quienes ya estaban en territorio nacional antes del 31 de enero de 2021 y también de quienes ingresen al país por los puestos de control habilitados (cuando se abra la frontera) por dos años más.
Así, mientras algunos países suramericanos expulsan, deportan, militarizan sus fronteras y ponen más trabas burocráticas para el ingreso de extranjeros, Colombia los acoge y les posibilita entrar al sistema.
El Estatuto permite que, por 10 años, los migrantes venezolanos permanezcan en el país de manera regular y puedan acumular tiempo para transitar hacia una residencia permanente, lo que les abre la posibilidad de ser ciudadanos. Además, facilita su plena identificación para saber dónde están, cuántos son y qué necesidades tienen, algo esencial para atenderlos e integrarlos de mejor manera.
Hay más beneficios: los migrantes serán visibles ante el Estado (en particular aquellos en condición irregular), podrán acceder a empleos formales, afiliarse a salud y pensiones, acceder a educación, al sistema financiero, a la vacunación contra la covid-19; en general, les posibilitará el acceso a derechos y servicios básicos en igualdad de condiciones que los nacionales.
Esto generará importantes oportunidades para el país dado que podrán consolidarse y hacerse efectivos sus aportes a la economía y a la comunidad de acogida por medio del pago de impuestos, aportes al Sistema General de Seguridad Social, generación de empresa, de empleo, ahorro, entre otros.
Esto es lo que se sabe hasta ahora; sin embargo, aún queda mucha tela por cortar. Faltan la discusión y los comentarios del decreto a través del cual se adopta el Estatuto; faltan la publicación y reglamentación que hace posteriormente la Cancillería para el tema de visados, en particular para la obtención de la visa de residente. También falta que Migración Colombia establezca cómo funcionará e implementará el Permiso de Protección Temporal (PPT), que será el documento de identificación para los ciudadanos venezolanos que se acojan a la medida.
Es decir, aún quedan muchos aspectos por definir, incluida la logística para la identificación biométrica de los beneficiarios. Se vienen también varios ajustes normativos y tecnológicos en diversos sectores para que el PPT sea reconocido como documento de identificación válido para acceder a educación, salud y demás derechos básicos.
La experiencia acumulada por el país en estos años de vigencia del Permiso Especial de Permanencia (PEP) -que ya no va más- debe servir de lección para avanzar y sobrepasar dificultades del pasado como hacer valer el PEP como documento de identificación al momento de abrir una cuenta bancaria o acceder al crédito, entre otros.
De aquí en adelante, además de esperar el trámite de implementación del Estatuto, queda la tarea titánica de informar y socializar esta medida en los diferentes niveles de gobierno para que todos los funcionarios la entiendan y comprendan los beneficios a los que tienen derecho quienes se acojan.
También se requiere hacer pedagogía con los ciudadanos del común para contrarrestar información imprecisa o falsa en torno al Estatuto que genere brotes de xenofobia o rechazo. Por último, es clave la comunicación con los migrantes venezolanos para evitar el miedo y que sea un éxito la implementación de esta medida histórica. ¡Aquí quedamos pendientes y prestos a informar sobre el proceso!
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
