La Alcaldía de Bogotá anunció que desde el 16 de junio se implementaría el pico y cédula para controlar el ingreso a los sitios públicos y de esta manera prevenir la propagación del coronavirus. Para la mayoría, el principal problema es entender cuando podemos o no salir a realizar diligencias, pues con lo del número y el día par o impar más de uno quedamos confundidos.

Pero, ¿se ha puesto a pensar qué pasaría si no tuviera cédula? ¿Cómo haría para entrar al supermercado, al centro comercial o la droguería? Esta es la situación en la que se encuentran el 57% de las personas migrantes venezolanas en Colombia que no cuentan con documentación para estar regularmente en el país.

La implementación del pico y cédula hace evidente un problema de fondo: la situación de las personas indocumentadas. Esta medida regula el ingreso a los bancos y las notarías, entre otros espacios, pero antes las personas migrantes indocumentadas, ni siquiera iban a estos sitios porque están fuera de su alcance. No pueden hacer trámites o abrir una cuenta bancaria. Viven su día a día en la economía informal.

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Las alternativas para dejar de ser indocumentado son limitadas. El gobierno creó el Permiso Especial de Permanencia (PEP) -que les permite a las personas migrantes venezolanas permanecer en el país por dos años y trabajar-, pero solo el 38% de la población migrante cuenta con este permiso y aún no es reconocido como un documento de identificación en muchos establecimientos. ¿Será que el banco o el supermercado reconocen el PEP y le permitirán a la persona ingresar? ¿Cuándo es su turno para ir a hacer mercado?               

Estas preguntas evidencian los efectos negativos e invisibles que tienen las medidas para responder a la pandemia en algunas poblaciones y que, si no son corregidos a tiempo, pueden generar más discriminación y exclusión. También nos muestran lo mucho que falta por avanzar en la integración de la población migrante en Colombia. Es urgente establecer rutas de regularización flexibles y de largo plazo que les permitan tener la documentación que necesitan para trabajar, acceder al sistema de salud, al sistema financiero, y en últimas ser parte activa de los territorios que habitan.

Con esta preocupación en mente, varias organizaciones de la sociedad civil solicitamos al Congreso que expida una ley migratoria con enfoque de derechos humanos. Pero mientras eso sucede, las Alcaldías de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali -4 de las 5 ciudades con mayor número de personas migrantes- y de los otros municipios con pico y cédula deben tomar medidas concretas para incluirlas. Por ejemplo, haciendo pedagogía sobre las diferentes formas de documentación como el pasaporte, la cédula de extranjería, el PEP y la cédula venezolana para quienes no han podido regularizar su situación migratoria. Los alcaldes tienen la obligación de recordar que en sus territorios también viven personas migrantes.

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*Coordinadora de investigaciones sobre migración en el Centro de Estudios Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

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