Se cumplen tres años del lanzamiento del Permiso Especial de Permanencia (PEP) para ciudadanos venezolanos en Colombia. Desde agosto de 2017 y durante ocho periodos específicos, unas 690.000 personas han hecho este trámite para documentar su residencia en el país. Este es un paso esencial para ingresar al mercado formal de trabajo y otras actividades y servicios regulados por el Estado.
En este tiempo, su implementación ha sido reconocida por varias instancias intergubernamentales y de la sociedad civil como un logro de la respuesta colombiana a la migración desde Venezuela, al permitir la ‘regularización’ de miles de personas residentes en Colombia.
No obstante sus impactos positivos en el presente de miles de personas, hay mucho que discutir sobre los fundamentos políticos del PEP y, sobre todo, su efecto en el mediano y largo plazo. Es válido cuestionarse si esta medida temporal y discrecional es sostenible en el futuro de la gestión de la movilidad humana en Colombia.
Cabe recordar su origen. El PEP surgió en un momento en el que la migración desde Venezuela se preveía como un fenómeno pasajero, asociado a una situación puntual, que se revertiría en el corto plazo. Basta con ver la forma como la primera resolución de Migración Colombia (la entidad responsable por el gobierno colombiano) está redactada en este respecto.
Además, vale la pena preguntarse si este método fue pensado por los gobernantes del momento como una herramienta para implementar una solución pragmática a lo que se percibía como un flujo de migrantes inesperado, esquivando el debate público sobre el derecho al refugio de estas personas, que sigue pendiente hasta hoy.
En todo caso, la temporalidad limitada del PEP a dos años, que se ha venido renovando por otros dos recientemente, contradice la necesidad de elevar una política de integración duradera en el tiempo. Según la legislación vigente, el tiempo que estas personas acumulan de manera ‘regular’ bajo el PEP en el país, no constituye una base temporal para adquirir una visa de residente permanente en Colombia. Persisten así lagunas jurídicas y políticas, que requieren atención por parte de legisladores y ejecutores de la política pública.
Específicamente, la temporalidad actual del PEP debilita la gestión futura de la movilidad humana. La integración migratoria no solo se logra con acciones puntuales en lo económico y social. Si bien estas son necesarias, también lo es brindar a estas personas la certeza jurídica que les permita residir de manera permanente en el territorio colombiano, tanto por un asunto de derechos como por eficiencia de la política pública.
Para el migrante, la reducción de su incertidumbre conlleva decisiones económicamente más eficientes y mejores condiciones de vida. Para el Estado, esto implica mayores posibilidades para gestionar el recurso humano, el recaudo fiscal y su especialización en la solución de situaciones particulares, entre otros.
Una de las grandes limitantes para lograr un mecanismo de residencia permanente para los venezolanos en Colombia, en el actual contexto, está en la tradición histórica sobre la que se ha definido la política para la residencia de extranjeros.
En ella aún impera una lógica arcaica frente a la seguridad nacional, en una versión miope que generaliza la excepción entre los extranjeros como factores de riesgo. Además, está fundada en una tradición racializada y clasista, que ve con buenos ojos a aquellos con probados medios económicos y provenientes de lugares imaginados como avanzados. Los ejemplos históricos y contemporáneos en este respecto abundan, y hoy, aunque de manera tácita, siguen presentes en la forma como se definen las reglas de residencia.
Un estado de derecho moderno requiere reevaluar estas posturas, sobre todo en medio de la transformación de la sociedad y el Estado colombianos en medio de la migración desde Venezuela. Extender las posibilidades a partir del PEP, para construir un camino hacia la residencia permanente en Colombia, constituiría una acción decisiva en este respecto.
Existe así la necesidad de debatir la naturaleza, el objeto y los efectos del PEP. Más aún, las necesidades de la sociedad transnacional y altamente móvil que –pese a la pandemia- hoy hace vida en el país, hacen de este un tema esencial en la agenda relativa a la migración desde Venezuela. Facilitar el acceso a la residencia permanente vía PEP es un paso en la construcción de instituciones más justas y eficientes en la sociedad colombiana.
*Mauricio Palma es Investigador Doctoral, Universidad de Warwick (Inglaterra).
Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
La Universidad Johns Hopkins y la Corporación Red Somos, con el apoyo del Ministerio de Salud de Colombia y Onusida, abordó la situación de salud de la población venezolana migrante en el país.
