La trata de personas está definida dentro de la normativa internacional y nacional como el acto de captar, trasladar, recibir y acoger a un ser humano dentro o fuera del territorio nacional, con el fin de sacar provecho de él mediante trabajos forzados, explotación sexual o prostitución forzada, matrimonio servil, extracción de órganos, entre otras formas de abuso y explotación. La trata de personas es, en otras palabras, convertir en un objeto a los seres humanos, comerciar con ellos, para obtener un beneficio económico o cualquier provecho material.

Este delito, además de ser una manifestación criminal con alcances alrededor del mundo, es también una grave violación a los derechos humanos y una forma de violencia basada en género que se agrava en el contexto de la migración venezolana.

Al definirla como una grave violación a los derechos humanos, debemos partir por reconocer que las víctimas de la trata de personas sufren múltiples violencias (físicas, psicológicas, sexuales) a manos de sus tratantes y demás miembros de las redes vinculados a este delito, y padecen graves afectaciones a sus derechos e integridad, tanto personal como familiar.

Al respecto, es importante resaltar que la población migrante en Colombia es particularmente vulnerable a este tipo de tratos que afectan la dignidad humana. En particular es de resaltar que cerca del 60% de la población migrante venezolana está en condición irregular en el país. Esto genera barreras para el acceso a un trabajo formal, a servicios de salud y educación, entre otros derechos básicos. Lo anterior puede agravar la violación de los derechos humanos de quienes son víctimas de trata de personas en contextos migratorios y se encuentran en una situación migratoria irregular.

Los tratantes son criminales sin escrúpulos, que someten a sus víctimas a violencia física, como golpes, hambre, frío o extremo calor, así como a jornadas extensas de explotación, violencia psicológica y emocional, que se puede traducir en amenazas a ellas o a sus familias, y violación a sus derechos sexuales y reproductivos, tal como esterilizaciones, abortos o sexo forzados, por mencionar algunos ejemplos. Con base en algunos testimonios, es posible reconocer que las personas migrantes provenientes de Venezuela muchas veces son engañadas, confinadas y forzadas a actividades sexuales. Además, son obligadas a pagar a las bandas criminales los gastos generados por ser explotadas más el traslado hacia Colombia. Todas estas violencias han llevado a la conclusión de que los impactos de la trata de personas en contextos migratorios son equivalentes a los que produce el crimen de tortura.  

Por otro lado, las redes que se lucran de la trata de personas aprovechan las desigualdades y las inequidades sociales y económicas para cometer este delito, ya que constituye en esencia un ejercicio abusivo y arbitrario de poder para explotar a los seres humanos.

En ese sentido, el contexto y el entorno cultural, sustentado en normas y jerarquías injustas y normalizadas en relación con los roles de género, han hecho que las mujeres y niñas se encuentren en mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas. La consideración del cuerpo femenino como un objeto destinado al servicio y satisfacción de los hombres, ha generado mayores probabilidades de ocurrencia del delito de trata de personas y otras violencias contra mujeres y niñas, especialmente en contextos migratorios, naturalizando así las violencias, desigualdades y discriminaciones en contra de ellas.

Además, estas prácticas discriminatorias, basadas en estereotipos sobre lo que significa lo femenino y lo masculino, también han expuesto a personas homosexuales, bisexuales y transgénero a múltiples violencias y exclusiones propicias para las redes de tratantes, en donde lo femenino ha sido históricamente subvalorado a través de concepciones machistas.

En efecto, de acuerdo con el último informe global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) presentado en 2019, el 49% del total de las víctimas identificadas en el mundo son mujeres adultas, y el 23% niñas y mujeres adolescentes. En términos de sexo, globalmente el 72% de las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes, de las cuales, entre el 70% y 80% fueron explotadas con fines sexuales.

Esto confirma que la trata de personas, como un ejercicio abusivo de poder y explotación, constituye una forma de violencia basada en género de un alto contenido sexual que reafirma los patrones actuales de cosificación sobre lo femenino.

La trata de personas, además de ser una manifestación asociada a otros delitos, permite el lucro del crimen organizado. Asimismo, ocurre dentro y fuera de las fronteras, es una violación a los derechos humanos y una forma brutal de violencia basada en género. Las múltiples afectaciones a la integridad de personas y familias provenientes de Venezuela, el aprovechamiento y lucro por patrones y roles asignados desde la lógica del menosprecio de lo femenino que debe estar al servicio y la satisfacción de lo masculino, y las desigualdades y discriminación en la que se sustenta, demandan una respuesta articulada e integral por parte de las instituciones y autoridades locales y nacionales, pero, al mismo tiempo, una transformación social encaminada a la visibilización de situaciones de explotación, el abuso de poder y las violencias ignoradas o toleradas.