Lo que ocurre en Venezuela es catastrófico. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo han considerado una violación masiva y sistemática de Derechos Humanos y el Gobierno nacional constantemente recuerda que Nicolás Maduro es un dictador, que ha sumido a ese país en una crisis política, económica y social.
Pero ese consenso sobre lo que pasa en Venezuela no se ve reflejado en cómo se atiende a los venezolanos que han huido o han sido expulsados del país vecino. Es cierto que mantener las fronteras abiertas antes de la covid-19 puso a Colombia como ejemplo internacional en política de solidaridad con los migrantes, pero el asunto es que esta población no es solo migrante —es decir que salió de su país voluntariamente—, sino que en muchos casos se vio obligada a cruzar la frontera ante la inminencia de perder la seguridad, la libertad o, incluso, la vida. Esas son, precisamente, las causales por las que se podría solicitar refugio según diferentes acuerdos internacionales que, por lo demás, Colombia ha suscrito.
Sin embargo, al revisar cómo asume nuestro país ese compromiso de brindar protección internacional a quienes lo necesiten, es evidente que esa no ha sido la prioridad del Gobierno. Las razones políticas o económicas detrás de esta decisión pueden ser debatidas, pero lo que no debería ponerse en consideración es la coherencia y transparencia con la que un Estado aborda esta responsabilidad. Como mínimo, las personas que solicitan refugio en Colombia deberían tener claridad sobre los términos y condiciones del proceso. Lo último que merece una persona que ya ha sufrido el desarraigo y el temor de que su vida corra peligro, es la zozobra de no saber qué le espera ni cómo proceder. A ese sentimiento además habría que sumarle la incertidumbre que genera la falta de claridad con respecto a su estatus migratorio y sus derechos, especialmente en lo que tiene que ver con la posibilidad de emplearse.
Según la Cancillería, actualmente están en proceso aproximadamente 18 mil solicitudes de refugio, lo cual desborda las capacidades de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare), que es la que recibe, tramita y estudia la solicitud de refugio y al final del proceso sugiere una decisión al Ministro de Relaciones Exteriores. La pregunta es entonces si el Gobierno y las fuerzas políticas van a buscar cambios administrativos o legales que le permitan a Colombia empezar a cumplir sus responsabilidades internacionales con los refugiados sin evasivas ni opacidades.
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
El programa Empropaz ha apoyado a más de 176.000 personas de 92 municipios, en 17 departamentos, afectados por la violencia y la pobreza, con gestión para el emprendimiento, fortalecimiento empresarial y finanzas productivas.
