El paso dado por el presidente Iván Duque la semana pasada junto a su equipo de gobierno para regularizar a casi un millón de venezolanos en situación irregular y la posibilidad de acceder a una residencia es una medida sin precedentes en la región. Esta se opone a medidas securitistas de otros países como Perú o Chile, en donde recientemente se decidió militarizar la frontera para impedir el acceso de esta población al territorio.

Si bien en Colombia la frontera sigue cerrada, en teoría, hasta marzo, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos cubre a todos aquellos que hayan ingresado hasta el 31 de enero, y hasta por dos años luego de aprobado el Decreto. El aplauso internacional a esta medida es merecido. Colombia se convierte en líder en materia de protección internacional con este gesto solidario hacia la población venezolana.

La posibilidad de identificación de esta población en Colombia es el primer paso para eliminar barreras de acceso al mercado laboral, al sistema financiero, al sistema educativo, a servicios de salud y demás derechos que, per se, son mandatos constitucionales y que, más que eso, son compromisos del Estado colombiano adquiridos a nivel internacional. Colombia no solo se compromete con los derechos de los migrantes y refugiados, sino que se convierte en ejemplo internacional en la materia.

Lo primero que se rescata es que el Estatuto permite reducir la vulnerabilidad de esta población y los riesgos a los que se enfrentan por estar en situación irregular. Uno de ellos es ser víctimas de trata entre otras de explotación laboral.  Más allá de esto, el aporte al país en el largo plazo es inmenso. La posibilidad de que la población empiece a tributar y a hacer parte de la fuerza laboral activa es fundamental para la reactivación económica del país. Además, la posibilidad de transitar hacia una residencia permanente abre la posibilidad de la plena ciudadanía.

Ahora, en términos de política migratoria, es indispensable que este proceso venga acompañado de políticas de integración socio-económica y cultural, el siguiente gran paso que debe dar Colombia para generar desarrollo en el largo plazo. Y para ello, los gobiernos locales deben implicarse no solo a nivel programático sino a nivel financiero.

Además, como he reiterado en varias oportunidades, el trabajo de pedagogía que hay que hacer es enorme, tanto para la población de acogida como para funcionarios encargados de implementar la medida en aras de evitar que se multipliquen brotes de xenofobia. Información clara, ante todo: no, no tendrán la posibilidad de votar en las próximas elecciones. Clave no instrumentalizar a la población venezolana en estas elecciones.

Colombia va por el buen camino en materia de protección internacional. Lo único que preocupa es que las decisiones se han tomado desde el ejecutivo sin participación alguna del legislativo. Habrá que ver qué tienen que decir los Congresistas cuando retomen sus actividades y qué giro tendrá el proyecto de ley migratoria en debate a raíz de esta decisión.

El gobierno colombiano no puede seguir gestionando los flujos migratorios por decretos y resoluciones. Colombia requiere de una Ley Migratoria, que, entre otras, no se limite a la población venezolana, sino que tenga en cuenta los demás flujos migratorios, como lo mencionaba en mi columna anterior, también tenemos frontera con Panamá y más del diez por ciento de nuestra población en el exterior.

Por último, debo reiterar que más que un triunfo del gobierno, quienes ganan son los y las venezolanas.

*Stephanie López Villamil es investigadora y consultora en Migraciones Internacionales. Doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

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