Por más de dos siglos, las mujeres trabajadoras han luchado por la (re)vindicación de sus derechos laborales. Algo hemos avanzado, pero aún queda historia por recorrer. Hoy, 8 de marzo, en lugar de flores y cenas “románticas”, clamamos por el reconocimiento de nuestras luchas individuales y colectivas; por superar nuestra limitada identidad a las labores del cuidado; por mejores condiciones laborales y educativas; y por una vida libre de violencias.
En ese sentido, quisiera llamar la atención sobre la situación de millones de mujeres que han vivido y viven experiencias migratorias. Según el último informe de las Naciones Unidas sobre migración, el 48,1% de la población migrante corresponde a mujeres. Los países de nuestra región se han caracterizado por ser el origen de flujos migratorios hacia países del norte de América o del occidente europeo.
Sin embargo, la historia reciente de las migraciones ha demostrado que aquellos países que originaban migración son ahora también receptores, modificando la idea de la migración sur–norte por la migración sur–sur. Ya sucedía entre países de Europa oriental y occidental; y hoy lo observamos en el aumento de la migración venezolana hacia países vecinos de Latinoamérica y el Caribe.
En estas diásporas, las mujeres suelen ser quienes más sufren pues en ellas recae gran parte de las consecuencias poco favorables como la feminización de la pobreza, la profundización de todo tipo de violencias, las cadenas de cuidados transnacionales, los marcos de oportunidades reducidos. Además, nos recuerda las diferencias entre hombres y mujeres, y su posición ante el mercado, donde el trabajo de ellas ha sido permanentemente invisibilizado.
La globalización se ha caracterizado por fomentar una fuerza de trabajo femenina, vinculada a manufacturas de bajo costo. Otros espacios del mercado laboral donde las mujeres han tenido un papel importante son el sector servicios y el turismo, este último con el riesgo de que caigan en las redes de trata de mujeres y prostitución.
Los países industrializados presentan una demanda muy alta de estos servicios (latinas, asiáticas, europeas del este), manteniendo de esta forma las desigualdades que perpetúa el modelo económico global. Las contradicciones frente a los beneficios generados con esa incorporación laboral son evidentes. Si bien han logrado tener ingresos que antes no tenían, la brecha salarial se mantiene y su dignidad no siempre se respeta.
Esto debe ser entendido a partir de las formas de socialización y las relaciones de poder entre los géneros y no a la falta de empoderamiento de las mujeres, que terminan siendo culpabilizadas en no pocas ocasiones. Las maquilas en México son un ejemplo donde las condiciones trascienden las brechas salariales. Allí no solo se explota económicamente a las mujeres, sino que se ha generado un escenario libre para ejercer violencia sobre ellas a través del feminicidio.
Por tanto, la condición de las mujeres migrantes reproduce las brechas de los lugares de origen y aumentan sus condiciones de pobreza. Se exponen por tanto, no solo a la violencia física, sino a la violencia económica y simbólica. Económica en cuanto al acceso a puestos de trabajo precarios y relacionados con el cuidado que aumentan su precariedad económica e inestabilidad laboral, o trabajos relacionados con la prostitución, una labor que reduce la garantía de protección por parte de instituciones y autoridades.
Las mujeres migrantes no son una categoría en sí, sino que integran múltiples condiciones que aumentan su vulnerabilidad. Su condición de género, edad, etnia, condición socioeconómica. Las personas que actualmente migran desde Venezuela a muchos países latinoamericanos se enfrentan, además, a las condiciones socioeconómicas inestables de los Estados receptores y a la falta de redes de apoyo, lo cual aumenta su vulnerabilidad y disminuye las posibilidades de romper con el ciclo de violencias.
Por eso hay que decir con claridad que es indispensable que los gobiernos receptores y las instituciones responsables de proteger la vida e integridad de las personas adecúen las políticas de prevención y atención de violencias basadas en género para garantizar la atención de mujeres y niñas migrantes, teniendo en cuenta sus condiciones y necesidades particulares. Ellas nos necesitan especialmente.
María Acosta Vélez es investigadora senior de la Fundación Ideas para la Paz.
Las opiniones de los columnistas en este espacio son responsabilidad estricta de sus autores y no representan necesariamente la posición editorial de PROYECTO MIGRACIÓN VENEZUELA.
Los derechos de la niñez migrante y refugiada han de ser una prioridad hoy y siempre.
El programa Empropaz ha apoyado a más de 176.000 personas de 92 municipios, en 17 departamentos, afectados por la violencia y la pobreza, con gestión para el emprendimiento, fortalecimiento empresarial y finanzas productivas.
